
01.09.2020
CEUSUT Newsletter ha sido financiado por la Comisión Europea mediante la asignación del Proyecto Jean Monnet: Strengthening Cooperation in Taxes (620108-EPP-1-2020-1-ES-EPPJMO-PROJECT).
El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente la opinión de los autores y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida.

OBLIGACIONES FORMALES Y PRINCIPIO DE LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS/CAPITALES
26.12.2022
Resumen: Se declara contraria a Derecho la obligación impuesta a los intermediarios en los arrendamientos de corta duración no establecido en Italia consistente en designar un representante fiscal en Italia, obligación que se había establecido para garantizar el control de las operaciones realizadas. Se considera contrario al artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. No obstante, se declara conforme a Derecho la obligación impuesta a todos los intermediarios en los arrendamientos de corta duración de suministro de datos relativos a los contratos celebrados con su intermediación. Se declara conforme a Derecho la obligación impuesta a los intermediarios que intervengan en el pago de las rentas o las hayan recibido consistente en retener e ingresar el impuesto correspondiente.
*
El gobierno italiano estableció 3 obligaciones a los intermediarios en arrendamientos de inmuebles turísticos de corta duración:
Las demandantes gestionan el portal AIRBNB.
Directiva de 2000/311: Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).
Directiva 2006/123: Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 , relativa a los servicios en el mercado interior
Directiva 2015/1535: Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información.
Primero se descarta la aplicación de las Directivas 2000, 2006 y 2015 porque el ámbito de aplicación de las mismas excluye la fiscalidad o las disposiciones fiscales.
Segundo: se analiza la legalidad de las medidas a la vista de la prohibición establecida en el artículo 56 TFUE (libertad de prestación de servicios).
Respecto de la primera obligación (recogida y comunicación a la Administración tributaria): se señala que es una obligación impuesta a todos los intermediarios en el proceso de arrendamiento inmobiliario de corta duración. Se engloba en una estrategia global de lucha contra la evasión fiscal en este sector. Además, se señala que el coste adicional que genera tal obligación parece ser reducido.
Se hace referencia a jurisprudencia: una normativa nacional aplicable a todos los operadores que ejercen su actividad en el territorio nacional y que no tiene por objeto regular las condiciones de ejercicio de prestación de servicios y los efectos restrictivos sobre la libre prestación de servicios son demasiado aleatorios e indirectos.
Respecto de la segunda obligación (obligación de retener en la fuente del impuesto adeudado sobre las cantidades abonadas por los arrendatarios a los arrendadores). Esta obligación se aplica a todos los intermediarios, estén o no establecidos en Italia.
Se hace referencia al distinto tratamiento que tiene según esté establecido en Italia (será sustituto del impuesto) o no (responsable del impuesto). No obstante, esta distinción no supone un detrimento para los que no están establecido en Italia (apartado 54).
Tercera obligación: designar un representante fiscal en Italia. Se destina esta obligación solo para los que no tienen establecimiento permanente en Italia. Además, no es a cualquiera no establecido sino únicamente para los prestadores que cobran las rentas o intervienen en la percepción de los alquileres. Les obliga a estos prestadores a efectuar trámites y a soportar en la práctica el coste de la retribución del representante. Consideran, en principio, que la medida constituye una restricción a la libre circulación de capitales prohibida.
Se señala que el TJUE no ha enunciado un principio de incompatibilidad entre la obligación de designar a un representante fiscal impuesta por una legislación respecto a las personas (físicas o jurídicas) residentes o establecidas en un Estado miembro diferente del de la imposición y la libre prestación de servicios. No obstante, la jurisprudencia establece que hay que valor si la restricción podría estar justificada por razones imperiosas de interés general.
Conclusión 1ª: esta medida persigue un objetivo legítimo compatible con el tratado TFUE y está justificada por razones imperiosas de interés general.
Se entiende que la gran cantidad de transacciones que se producen puede hacer difícil el control por parte de las autoridades tributarias, pero ya la primera medida va encaminada a facilitar a las administraciones tributarias toda la información que permita al mismo tiempo identificar a los contribuyentes obligados al pago del impuesto y determinar la base imponible. El segundo tipo de medidas, a asegurar la retención. Se recrimina que no se haya tenido en cuenta la posibilidad de que el representante fiscal resida o esté establecido en un EM diferente de Italia.
“La mera afirmación de que el requisito de residencia garantiza mejor el cumplimiento eficaz de las obligaciones fiscales que pesan sobre el representante fiscal carece de pertinencia” (p. 74 Sentencia).
“No parece que el control del cumplimiento de las obligaciones que incumben a los prestadores de servicios de que se trata en calidad de responsables del impuesto no pueda garantizarse por medios que incurran en una menor contradicción con el art 56 TFUE que el nombramiento de un representante fiscal residente en Italia”. (p. 75).
Se plantea otra cuestión prejudicial de carácter “procesal”: el TJUE establece que el órgano judicial remitente puede reformular la cuestión prejudicial sin que se tenga que limitar a transcribir la cuestión formulada por las partes. Se resalta el ejercicio independiente de la facultad de apreciación.
15.12.2022
El Prof. Pedrosa López, Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia, y miembro del Grupo ETICCS, ha organizado el Congreso Internacional Retos de los Sistemas Fiscales ante la Inteligencia Artificial, Robótica y Nuevas Realidades Tecnológicas
El Congreso se celebrará en formato híbrido en el Salón de Actos de la Biblioteca Gregori Maians de la Universidad de Valencia el día 16 diciembre de 2022.
Para más información descargue el díptico pulsando en la siguiente imagen.
27.11.2022
El Prof. Pedrosa López, Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia, y miembro del Grupo ETICCS, ha organizado el Ciclo de Seminarios Transformación Digital y Derecho Tributario.
El Ciclo de Seminarios se celebrará en formato presencial, online e híbrido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2022.
Para más información descargue el díptico pulsando en la siguiente imagen
12.11.2022
Resumen: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala el pronunciamiento del Tribunal General en el marco de las ayudas de Estado en forma de garantía. Se delimitan en este ámbito el deber de diligencia y la carga de la prueba que recae sobre la Comisión para declarar la existencia de una ayuda estatal contraria al mercado interior. Recae sobre la Comisión la carga de la prueba de que no concurren los elementos de aplicación del principio del operador privado. Se ha de probar, en primer lugar, la existencia de una prima de garantía de referencia ofrecida en los mercados así como, en segundo lugar, la de un precio de mercado de un préstamo similar no garantizado.
*
El TJUE resuelve un recurso de casación planteado por la Comisión frente a una sentencia del Tribunal General que anula la Decisión 2017/365 de la Comisión, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal concedida por España al Valencia CF SAD, Hércules CB SAD y Elche CF SAD. En este asunto solo se litiga por la ayuda concedida al Valencia CF SAD.
Origen: el Instituto valencia de finanzas otorgó en 2009 a la Fundación Valencia un aval para un préstamo bancario de 75 millones de euros que le fue concedido por Bancaja, gracias al cual la Fundación adquirió el 70,6% de las acciones del Valencia CF (VCF). Se preveía que el rembolso del préstamo avalado se financiara con la venta de las acciones del CVF adquiridas por la Fundación Valencia. La fundación abonaba una comisión de aval anual IVF. El IVF recibía como contragarantía una prenda de segundo rango sobre las acciones del VCF. En 2010, el IVF incrementó su aval en favor de la Fundación.
La Comisión dictó una Comunicación relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del TUE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía. De esta «Comunicación sobre las garantías», señalamos como relevantes los siguientes extremos:
Para el cálculo del elemento de ayuda es necesario prestar atención a:
– si el prestatario se encuentra en una situación financiera difícil.
– si se han tenido en cuenta las características específicas de la garantía y el préstamo.
La Comisión plantea en su recurso de casación dos motivos fundamentales para solicitar la anulación de la sentencia del Tribunal General:
El TJUE va dando respuesta en orden inverso a los motivos de casación:
El TJUE indica que el primer método debe verificarse en primer lugar (comparación garantía pagada y referencia para la prima de garantía en mercados). A falta de la correspondiente referencia para la prima, se utiliza el segundo método (comparación coste financiero total del préstamo con el precio de mercado de un préstamo similar no garantizado). (p. 67 de la Sentencia).
Respecto de los límites de la carga de la prueba y la obligación de diligencia que incumbe a la Comisión, el Tribunal señala: El concepto de ayuda no puede incluir una medida concedida a una empresa mediante recursos estatales cuando esta podría haber obtenido la misma ventaja en circunstancias que correspondan a las condiciones normales del mercado. La apreciación de las circunstancias en las que se concedió dicha ventaja se realiza mediante la aplicación del principio del operador privado.
Recae sobre la Comisión la carga de la prueba, teniendo en cuenta la información facilitada por el Estado miembro de que se trate, de que no concurren los requisitos de aplicación del principio del operador privado.
Corresponde a la Comisión llevar a cabo una apreciación global teniendo en cuenta cualquier dato pertinente en el caso concreto que le permita determinar si es manifiesto que la empresa beneficiaria no habría obtenido facilidades comparables de tal operador privado. Se ha de estimar pertinente toda información que pudiera influir de forma apreciable en el proceso decisorio de un operador privado, al que debe considerar normalmente prudente y diligente, que se hallara en una situación lo más semejante posible a la del operador público.
La Comisión no puede suponer (p. 79 sentencia), que una empresa ha disfrutado una ventaja que constituye una ayuda de Estado “basándose en una mera presunción negativa, fundada en la inexistencia de información que permita llegar a la conclusión contraria, a falta de datos que puedan acreditar positivamente la existencia de una ventaja semejante”.
Cuando se advierte que el principio del operador privado podría ser aplicable, incumbe a la Comisión solicitar al Estado miembro interesado que le presente toda la información pertinente que le permita comprobar si concurren las condiciones de aplicabilidad y de aplicación de ese principio. Añade el Tribunal además que la Comisión ha de basar sus decisiones, p. 82, “en datos de una cierta fiabilidad y coherencia que constituyan una base suficiente para concluir que una empresa se ha beneficiado de una ventaja que constituye una ayuda de Estado y que […], sean idóneos para apoyar las conclusiones a las que ha llegado” aunque el Estado miembro haya incumplido su deber de colaboración no facilitando la información que debía comunicar.
El TJUE llega a afirmar que “a la hora de examinar la existencia y la legalidad de una ayuda de Estado, puede ser necesario que la Comisión vaya más allá del mero examen de los elementos de hecho y de Derecho puestos en su conocimiento” (p. 83), aunque en el apartado siguiente limita esta aparente excesiva carga de la prueba e indica que no puede deducirse que la Comisión ha de buscar por iniciativa propia y a falta de cualquier indicio en este sentido toda la información que pueda tener relación con el asunto enjuiciado.
Por otro lado, reiteran que la Comisión se había autoimpuesto la obligación de comprobar si existe la referencia para la prima que pueda encontrarse en los mercados financieros o un precio de mercado de un préstamo similar no garantizado antes de recurrir al tipo de referencia. El TJUE aprecia que la Comisión no comprueba la existencia de la prima de referencia haciendo directamente un juicio fáctico (sobre las condiciones del aval y la situación financiera del VCF), pasando directamente a comprobar si existe un precio de mercado de un préstamo similar sin garantizar.
El TJUE señala en el apartado 91 que para declarar la (in)existencia de la prima de garantía de referencia es necesario, además, realizar un análisis complementario relativo al riesgo de incumplimiento que cabe esperar.
La Comisión se limita a excluir la existencia de ningún préstamo similar no avalado y la concesión de un aval a favor de dicho club basándose únicamente en la afirmación de la situación financiera del VCF. Se reprocha a la Comisión que no haya extendido la diligencia debida que ella misma se impuso en la Comisión al no tener en cuenta los elementos pertinentes en el caso concreto (analizar el riesgo de incumplimiento por parte del VCF) así como tampoco ha determinado la existencia tanto de la prima de garantía de referencia como de un precio de mercado de un préstamo similar no garantizado.
Se reitera que la Comisión, al no tener información obtenida por el Estado miembro implicado – España- (y a pesar de que estaba obligada a ir más allá de la información puesta en su conocimiento) , no dispone de elementos de cierta fiabilidad y coherencia que le hubieran permitido respaldar su afirmación de que existía un número limitado de observaciones de operaciones similares en el mercado que no proporcionaba una comparación significativa. Asimismo, se le reprocha no haber usado las facultades de investigación específicas.
Finaliza la sentencia con una afirmación cuya resolución podría motivar un nuevo pronunciamiento del TJUE ya que indica que el Tribunal General no excluye que, para cumplir con sus obligaciones de diligencia y carga de la prueba, hubiera sido suficiente que la Comisión hubiera instado el inicio de estas investigaciones específicas, posibles en el marco de intercambios de información.
28.10.22
RESUMEN: La cuestión prejudicial viene a plantear si se pueden cambiar las reglas de localización del hecho imposible prestación de servicios intracomunitarios si el prestador del servicio debía haber sabido que con el servicio prestado participaba en un fraude en el Impuesto sobre el Valor Añadido cometido en el marco de una cadena de prestaciones. El TJUE determina la imposibilidad de considerar que el lugar de realización del hecho imponible es uno distinto al que se deriva de la aplicación de la ley por el hecho de que se trate un caso de fraude en el IVA.
«Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Artículo 44 — Lugar de conexión a efectos fiscales — Transferencia de derechos de emisión de gases de efecto invernadero — Destinatario implicado en un fraude en el IVA en el marco de una cadena de operaciones — Sujeto pasivo que conocía o debía haber conocido la existencia de dicho fraude»
Partes: Climate Corporation Emissions Trading GmbH y Finanzamt Österreich.
Objeto de la cuestión prejudicial: la cuestión prejudicial viene a plantear si se pueden cambiar las reglas de localización del hecho imponible prestación de servicios intracomunitarios si el prestador del servicio debía haber sabido que con el servicio prestado participaba en un fraude en el Impuesto sobre el Valor Añadido cometido en el marco de una cadena de prestaciones.
Antecedentes: la operación gravada es la transferencia, a título oneroso, de derechos de emisión de gases de efectos invernaderos, que a efectos del IVA se califica como una prestación de servicios. La prestación de servicios es efectuada por una empresa sita en Austria (Climate Corporation) a una empresa, Bauduin, cuya sede se ubica en Alemania.
Dada la calificación de prestación de servicios intracomunitarias, el sujeto pasivo se considera la empresa a la cual se le presta el servicio y se han de aplicar las reglas de localización del impuesto correspondientes, cuyo punto de conexión es la sede de actividad de la empresa. Asimismo, la lógica de la Directiva de 2006 al establecer las reglas de localización del hecho imponible persigue atribución la competencia tributaria al país donde se realice el consumo.
De esta manera, la operación sobre la que versa el presente caso, por aplicación de las reglas generales de localización sitúan la operación en Alemania, que es donde está la sede de la empresa a la cual se le presta el servicio, gravándose, por tanto, la operación en Alemania.
La administración tributaria de Austria calificó, por su parte, dicha operación como una entrega de bien no comprendida en la exención relativa a las entregas intracomunitarias ya que la empresa prestadora, Climate Corporation, sabía o debía haber sabido que esos derechos serían utilizados para defraudar el IVA.
El tribunal austriaco plantea la cuestión prejudicial y pregunta si, al igual que en jurisprudencia existente relativa a entregas intracomunitarias donde concurren la misma circunstancia principal –el prestador debía haber sabido que participaba en un fraude en el IVA- se puede denegar el derecho a exención del IVA, a la deducción del IVA soportado o a la devolución del IVA, se podría también alterar las reglas de localización del hecho imponible, de manera que, en vez de tributar en Alemania (sede de actividad de la empresa destinataria), tributa en Austria.
Es decir, pregunta si podría ser aplicable por analogía esta jurisprudencia referida a entregas intracomunitarias.
La cuestión prejudicial, por tanto, es la siguiente:
«¿Debe interpretarse la [Directiva del IVA] en el sentido de que las autoridades y los órganos jurisdiccionales nacionales deben considerar situado en territorio nacional el lugar de una prestación de servicios que formalmente, según el Derecho escrito, se sitúa en el otro Estado miembro en el que se encuentra la sede del destinatario, si el sujeto pasivo nacional que presta el servicio debería haber sabido que con el servicio prestado participaba en un fraude en el impuesto sobre el valor añadido cometido en el marco de una cadena de prestaciones?»
Respuesta jurídica del Tribunal. Después de resolver una causa de inadmisibilidad planteada por Climate Corporation, el TJUE determina la imposibilidad de considerar que el lugar de realización del hecho imponible es uno distinto al que se deriva de la aplicación de la ley por el hecho de que se trate un caso de fraude en el IVA. Para llegar a esta conclusión pasa a analizar una serie de puntos que indicamos a continuación:
En palabras del TJUE (43): “En efecto, tal interpretación equivaldría a modular el reparto de las competencias tributarias entre los Estados miembros, tal como se desprende de dichas disposiciones. En un supuesto como el del presente asunto, supondría, en concreto, transferir, sin base jurídica alguna, la competencia tributaria del Estado miembro en el que está establecido el destinatario de la prestación de servicios de que se trata al Estado miembro en el que está establecido quien la presta”.
Transcribimos el fallo del TJUE:
“Las disposiciones de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008,
deben interpretarse en el sentido de que
se oponen a que, en la prestación de servicios de un sujeto pasivo establecido en un Estado miembro a un sujeto pasivo establecido en otro Estado miembro, las autoridades del primer Estado miembro estimen que el lugar de realización de tal prestación, que se sitúa, de conformidad con el artículo 44 de la Directiva 2006/112, en su versión modificada por la Directiva 2008/8, en ese otro Estado miembro, se considere situado, no obstante, en el primer Estado miembro si el prestador sabía o debería haber sabido que, mediante dicha prestación, participaba en un fraude en el impuesto sobre el valor añadido cometido por el destinatario de esa prestación en el marco de una cadena de operaciones”.