17.09.22

El Prof. Garcia Prats, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat de València y miembro del Grupo ETICCs, participará en el seminario «Abuso y planificación fiscal internacional ¿Cuáles son los límites?», organizado por el Observatorio de Tributación y Empresa -Universidad Católica del Uruguay-.

El Seminario se celebrará el lunes 17 de octubre de 2022, en formato híbrido; Presencialmente tendrá lugar en el Auditorio Semprún (Estero Bellaco 2771), y on-line.

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10.10.2022

Resumen: En esta sentencia, el Tribunal Supremo ratifica su reciente doctrina jurisprudencial en relación a la interpretación del artículo 27.5 LGT. Se plantea recurso de casación cuyo objeto cuestiona si es requisito necesario el pago de la cuantía restante de un recargo extemporáneo para aplicar la reducción del citado artículo, cuando se procede al pago total de la deuda tributaria sin requerimiento previo de la Administración Tributaria. La reducción del recargo resulta procedente siempre que se haya producido el ingreso de la cuantía en el plazo señalado en el acuerdo de fraccionamiento o aplazamiento de la deuda tributaria que haya sido previamente concedido con garantía de aval o certificado de seguro de caución, además de que el contribuyente lo haya solicitado en el momento de la presentación de la autoliquidación extemporánea o antes de la finalización del plazo fijado por el 62.2 LGT

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El objeto de esta sentencia gira en torno a un caso en el que la Hacienda Pública liquidó a un contribuyente de IVA un recargo por declaración extemporánea con motivo del pago de unas cantidades resultantes de unas liquidaciones complementarias del citado impuesto. Al recargo, se aplicó la reducción del 25% que se contempla en artículo 27.5 de la Ley General Tributaria (LGT), como consecuencia de que el contribuyente había solicitado un aplazamiento, concedido por la Administración Tributaria, al haber aportado como garantía un aval bancario. No obstante, el solicitante no procedió a la liquidación efectiva del resto de la cuantía, por lo que la AEAT le notificó la pérdida del derecho a seguir disfrutando de la reducción debido a que el contribuyente había incumplido lo dispuesto en la norma mencionada, pues, en primer lugar, debería haber efectuado el pago del recargo y, en última instancia, el aplazamiento de la cuota tributaria principal (cantidad que ya había resultado abonada). 

            Bajo estas premisas, el Tribunal Supremo recibió recurso de casación en el que se cuestionaba la determinación de si, cuando un contribuyente ya ha procedido al pago íntegro de la totalidad de la deuda tributaria sin la previa solicitud a la AEAT de un fraccionamiento o reducción alguno, resulta requisito necesario el pago de la cuantía restante del 75% del recargo extemporáneo para que pueda aplicarse la reducción del 25% del artículo 27.5 LGT, o cabe la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de la cantidad restante. 

            Para responder a esta cuestión, el Tribunal Supremo hace memoria de su STS 442/2020, de 18 de mayo (ECLI:ES:TS:2020:968) en la que ya dictaminó que el artículo 27.5 LGT es un precepto en el que la claridad de su redacción brilla por su ausencia. Concretamente, en lo que a su contenido se refiere, decía el TS que «Hace, en efecto, una especie de totum revolutum que dificulta su comprensión, al mezclar en un solo apartado el pago del resto del recargo, el de la deuda tributaria y las decisiones sobre aplazamiento o fraccionamiento».

Fue en esta citada sentencia en la que el Tribunal consideró que la reducción del 25% del recargo es aplicable cuando se haya realizado el ingreso total del importe restante del recargo (previa notificación de la liquidación del mismo al contribuyente), según los plazos establecidos por otro precepto de la norma tributaria; el artículo 62.2 LGT. Además, es requisito inexcusable que se haya procedido al «ingreso total del importe de la deuda resultante de la autoliquidación extemporánea o de la liquidación practicada por la Administración derivada de la declaración extemporánea, al tiempo de su presentación o en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley, respectivamente».

A su vez, la reducción del recargo resulta procedente siempre que se haya producido el ingreso de la cuantía en el plazo señalado en el acuerdo de fraccionamiento o aplazamiento de la deuda tributaria que haya sido previamente concedido con garantía de aval o certificado de seguro de caución, además de que el contribuyente lo haya solicitado en el momento de la presentación de la autoliquidación extemporánea o antes de la finalización del plazo fijado por el 62.2 LGT cuya apertura se produce con la notificación de la liquidación realizada por la Administración Tributaria como resultado de la declaración extemporánea presentada por el contribuyente. 

En aplicación al supuesto de la reciente STS n.º 1280/2022, de 13 de octubre de 2022, la interpretación señalada en su día en la sentencia del Tribunal Supremo de hace dos años, hace decantar la balanza hacia la versión del artículo 27.5 LGT manifestada por el contribuyente en lo que al acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria se refiere. Pues la indeterminación e indefinición contemplada en la literalidad de la norma tributaria no puede suponer un perjuicio a quién no pudo intervenir en la creación de la misma y que, en adición, se le aplica de manera que, consecuentemente, sufre las ambigüedades de la misma que, en opinión de esta comentarista, supone una vulneración de los principios básicos de legislación del ordenamiento jurídico al no respetar el principio de claridad normativa y, por ende, poner en tela de juicio el principio de seguridad jurídica. 

Afirma el Tribunal Supremo que este conflicto producido por la confusión de la redacción del artículo 27.5 LGT, no sólo supone un perjuicio para el contribuyente, sino también para la efectividad del sistema tributario recogida en el artículo 3.2 LGT y que, a su vez, pone en entredicho los derechos y garantías de los obligados tributarios como certeramente cita el mismo precepto legal.  Por eso, el concepto de «deuda tributaria» no sólo se compone de la «cuota» sino también de los «recargos», por lo que los aplazamientos y fraccionamientos pueden recaer tanto sobre la totalidad de la misma, como de una parte de ella y, consecuentemente, de los recargos. 

Además, recuerda el TS que el objetivo principal de la reducción del 25% sobre el recargo extemporáneo es que se produzca el pronto ingreso de la deuda tributaria, incluyéndose en ésta las deudas y los propios recargos, de tal manera que el Tribunal Supremo aboga como mejor forma de persuasión al contribuyente el ingreso total del importe de la cuota tributaria, independientemente de si se ha ingresado efectivamente y a su vez el recargo, o se haya aplazado o fraccionado mediante aval bancario o seguro de caución. 

Finalmente, y tras sustentar su argumentación bajo las premisas señaladas, el Tribunal Supremo casó doctrina y fijó como criterio de interpretación jurisprudencial que será procedente la reducción del 25% del recargo por presentación de autoliquidación extemporánea del artículo 27.5 LGT, siempre que en los plazos del artículo 62.2 LGT o legalmente establecidos, la deuda principal o cuota tributaria haya sido abonada íntegramente, y el resto del recargo (es decir, el 75%) haya sido ingresado o aplazado o fraccionado mediante garantía de aval bancario o certificado de seguro de caución. 

6.10.2022

Resumen: En esta sentencia, el Tribunal Supremo analiza si una pérdida declarada por una sociedad con motivo de un crédito que no ha podido ser cobrado y que no tiene relación directa con los ingresos empresariales, es o no deducible a efectos del Impuesto de Sociedades. En este caso que se contempla, la mercantil Proagar, SL., presentó recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo con motivo de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el cual fue admitido por presentar interés casacional respecto a la cuestión de determinar si los gastos acreditados y contabilizados que no tengan correlación directa e inmediata con un ingreso empresarial suponen un acto de liberalidad no siendo posible su deducción, o si por el contrario, puede ser deducible por no poder considerarse en su sentido más estricto y literal, un donativo o liberalidad gratuita.

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            La mercantil Proagar, SL., contrajo un préstamo de 800.000 euros con la sociedad Frutas Gobel, SL., sin ningún tipo de garantía y cuya finalidad era la asunción de la deuda fruto de un proceso de concurso de acreedores de la entidad prestataria. Ambas mercantiles tienen socios en común, a pesar de que la sociedad prestamista no tenía ninguna participación en la prestataria. 

Por lo tanto, la Administración Tributaria y el TSJ de Extremadura llegan a la conclusión de que la verdadera intencionalidad del negocio jurídico entre ambas mercantiles era salvar de la situación de insolvencia en la que se había sumergido Frutas Gobel, SL., y que por tanto, la prestamista era conocedora por sus los vínculos de varias de sus socios con la sociedad prestataria, la situación de esta última y que, por tanto, el préstamo se había realizado a fondo perdido, sin ser una operación real. Consecuentemente, se deduce que no existe una motivación económica razonable relacionada con la actividad de la sociedad prestamista para que ésta llevara a cabo el préstamo y, por tanto, al saber Proagar, SL., que su prestataria no iba a devolverle la cantidad prestada por su escasa actividad y situación de insolvencia, no puede pretenderse deducir el importe del préstamo. En este sentido, apunta el Tribunal Supremo a sus recientes sentencias de julio de 2022 en las que se planteaban circunstancias similares en las que los gastos cuestionados eran realmente donativos o liberalidades contempladas en el artículo 14.1.e) TRLIS, en los que no se apreciaron correlaciones directas entre los gastos y los ingresos de una sociedad. 

            El TS declara que esta argumentación es artificial y forzada, porque no se cuestiona que no existe la causa gratuita inherente a la liberalidad o donativo, sino que se pretende invocar el 14.1.e) con el fin de ampliar a los gastos generales las condiciones concretas de correlación entre los ingresos y gastos previstos para los donativos o liberalidades. Señala el TS que los gastos calificables de deducibles y no deducibles se sitúan cuando se define el hecho imponible del Impuesto de Sociedades (art. 4 TRLIS) y se determina su base imponible. Ambas circunstancias se encuentran circunscritas al principio de legalidad tributaria y la deducibilidad o no de los gastos se dispone en el artículo 14 TRLIS que debe interpretarse conforme a que los gastos que están acreditados y contabilizados no son deducibles cuando se trate de donativos y liberalidades; es decir, cuando se trate de disposiciones con trascendencia económica, que puedan contabilizarse pero que se realicen a título gratuito. Sin embargo, cabe la excepción a esta regla de no deducibilidad de las liberalidades y donaciones, cuando se cumplan las condiciones mencionadas pero se trate de negocios jurídicos realizados en el contexto de las relaciones públicas con clientes o proveedores, los usos o las costumbres con el personal de la empresa, la promociones directas o indirectas, la venta de bienes y la prestación de servicios y, todas las que no se comprendan en el artículo 14 TRLIS pero que presenten la misma estructura y se correlacionen con la actividad empresarial en aras de mejorar el resultado empresarial, de forma directa o indirecta, de presente o de futuro, siempre que no tengan como destinatarios a socios y partícipes. 

            El TS acude a su reciente sentencia de 30 de marzo de 2021 en la que recuerda lo ya sentenciado: cuando no existe esta correlación directa o indirecta de los gastos con los ingresos empresariales, solo podemos hablar de liberalidades que no son deducibles, aún cuando el gasto, en sentido estricto, no pueda calificarse como una liberalidad o donativo. No obstante, la diferencia entre el caso de la STS de 30 de marzo de 2021 y la que nos acontece, es la exigibilidad y el alcance de dicha correlación, así como si puede tratarse de un gasto deducible. Sigue el Tribunal Supremo alejando el préstamo convenido entre ambas sociedades de la calificación de fraudulento o artificioso, pues la intención última no era la obtención de una ventaja fiscal y descarta la argumentación de la Administración que calificaba el préstamo como una retribución de fondos propios con intención de asegurar el reparto de dividendos entre sus socios que no tiene carácter de gasto fiscalmente deducible. 

            Por el contrario, queda descartado la motivación de que se trate de gastos calificativos de donativo o liberalidad porque la interpretación de este término no permite su inclusión, puesto que el préstamo objeto de litigio tenía causa onerosa y se trataba de un gasto financiero con el propósito del cumplimiento de una obligación contractual. El término de liberalidad o donativo no permite que se incluyan los gastos financieros que están debidamente documentados, incorporados a la contabilidad y que tienen causa onerosa y no gratuita. La puesta en tela de juicio de si la sociedad necesitaba o no realizar esta operación, carece de relevancia para la calificación de los gastos y la forma de gestión de la mercantil (se procede al préstamo cuando existían reservas voluntarias para poder llevar a cabo el reparto de dividendos) no puede ser argumentación sólida ni suficiente para descartar la deducibilidad del gasto. El TS se apoya, una vez más, en su reciente doctrina consolidada respecto al nivel de correlación entre gastos e ingresos de una sociedad y su economía, desde una perspectiva general y no sólo en relación a los donativos y liberalidades. 

Sin embargo, El Tribunal Supremo, en su Fundamento Jurídico Cuarto, acaba dándole la razón a la calificación del préstamo como liberalidad realizada por el TSJ de Extremadura, ya que la finalidad del mismo radicó en salvaguardar los intereses de algunos de sus socios y administradores que, recordamos, ambas mercantiles poseían en común y que en ningún momento hubo participación societaria entre ellas. No existe, pues, correlación entre los gastos e ingresos empresariales ni tampoco se realizó dicha operación con el fin de mejorar el resultado de la sociedad, así como tampoco hay una relación directa e inmediata entre la transacción y el ejercicio de la actividad empresarial, puesto que la actividad de las dos mercantiles era diferente. De manera que se cumplen las condiciones del artículo 14.1.e) TRLIS para que este préstamo sea calificable como liberalidad.

28.10.2022

Resumen:  La Sentencia del Tribunal Constitucional 108/2022, de 26 de septiembre sienta las bases con respecto al alcance de la inconstitucionalidad declarada en la STC 59/2017 en relación a los art. 107.1. 107.2 a) y 110.4 del TRLHL. El Tribunal Constitucional destaca los posibles efectos de la declaración de inconstitucionalidad ex tunc de una disposición legal, así como las posibles vías de revisión de los actos dictados al amparo de una norma declarada inconstitucional y nula.

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La Sentencia del Tribunal Constitucional 108/2022, de 26 de septiembre de 2022, responde al recurso de amparo N.º 1041-2019, en el que se pide por parte de la recurrente que, en base a una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), se constate la existencia de un error judicial patente en la desestimación del recurso que interpuso contra la falta de respuesta a su solicitud de devolución del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (de aquí en adelante, IIVTNU).

Para empezar, ya sabemos que el tema de la inconstitucionalidad de ciertos artículos del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLHL) es un tema que en los últimos años ha traído multitud de pronunciamientos jurisprudenciales y polémica en torno a cuándo deben entenderse nulas las liquidaciones de este impuesto comúnmente denominado “Impuesto sobre Plusvalías”, histórico en nuestro sistema tributario. 

Cabe recordar que la famosa Sentencia 59/2017, de 11 de mayo, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 TRLHL, puesto que sometían a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. Los efectos de esta resolución fueron ex origine, es decir, con efectos ex tunc y sin introducir limitación alguna respecto de las situaciones eventualmente consolidadas. Con este pronunciamiento, el Tribunal Constitucional estaba facultando a los obligados tributarios a instar la devolución de las cantidades pagadas en aquellos supuestos en que no existía incremento en el valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

En la Sentencia que pretendemos analizar, la parte actora formula demanda de amparo en base a dos razones: en primer lugar, porque había solicitado la rectificación de la “autoliquidación” dentro del plazo legal de cuatro años y aun así el órgano tributario la rechazó fundamentando su decisión en la naturaleza de liquidación administrativa firme por no haber sido impugnada en el plazo de un mes; en segundo, porque la denegación de la devolución del tributo que no debía haber sido ingresado se fundamentó en una limitación del alcance de la nulidad, cuando en realidad la STC 59/2017 declaró la nulidad sin limitación alguna en sus efectos. 

El Tribunal Constitucional, ante los motivos expuestos por la recurrente, y en base a la doctrina constitucional del error patente con relevancia constitucional, establece que sí ha habido una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que ha existido un error patente en el pronunciamiento realizado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de Madrid, ya que éste se basa en la STC 45/1989 para limitar el alcance de los efectos derivados de la declaración de nulidad. 

El fallo de la Sentencia consiste en reconocer el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente recogido en el artículo 24.1 CE, anular el auto y la sentencia núm. 265/2018, ambas del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 de Madrid y, finalmente, retrotraer las actuaciones al momento anterior a la sentencia, con el objetivo de que se dicte otra resolución que no vulnere el derecho fundamental que la propia sentencia reconoce. 

Como conclusión, vemos que, en la Sentencia estudiada, el Tribunal Constitucional aclara el debate surgido entorno a los efectos temporales de las declaraciones de inconstitucionalidad y declara que estas tienen efectos ex tunc, es decir, retroactivos, excepto que el propio Tribunal limite el alcance de su decisión, puesto que este Tribunal ha de dilucidar el alcance de la nulidad en cada caso, por exigencia del principio de seguridad jurídica. Tal limitación del alcance, que supondría que los efectos fueran exclusivamente ex nunc, no se produce en la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, por lo que de nuevo reiteramos que la declaración de inconstitucionalidad debe retrotraerse en el tiempo hasta el momento en que se dictó la norma declarada inconstitucional, en este caso, los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 TRLHL. 

En definitiva, la importancia de esta resolución del Tribunal Constitucional es manifiesta, puesto que aclara el sentido de la controvertida Sentencia 182/2021 y amplía la aplicación de los efectos de la nulidad no solo a las situaciones no consolidadas, sino también a aquellas que ya han sido juzgadas y sobre las que recae sentencia firme, como es el caso que hemos analizado. 

25.09.2022

  • Dr. Alfredo García Prats. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia.
  • Dª Stella Raventós Calvo. Abogada y Presidenta de AEDAF
  • Dra. Mercedes Navarro Egea. Catedrática de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Murcia.
  • D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco. Abogado. Magistrado del Tribunal Supremo en excedencia.

La protección del secreto profesional del abogado y del asesor fiscal. Crisis reputacional

Los abogados y asesores fiscales son valiosos protectores del sistema jurídico. Por sus habilidades únicas, junto con sus privilegios profesionales otorgados por las leyes, ocupan un lugar especial dentro de la sociedad. Pero, algunos utilizan sus habilidades, experiencia y privilegios para diseñar, comercializar y poner en marcha mecanismos de planificación fiscalagresiva. Otros, se dedican a la ocultación de actividades económicas o al uso de sociedades para remansar rentas ypatrimonio.

Por ello, uno de los objetivos de la OCDE es acabar con los montajes financieros abusivos y reprimir a los intermediariosprofesionales que favorecen los delitos fiscales y la delincuencia de cuello blanco.

1.     Límites al activismo fiscal en la LGT

El artículo 93.4 de la Ley General Tributaria establece que “La obligación de los demás profesionales de facilitar información con trascendencia tributaria a la Administración tributaria no alcanzará a los datos privados no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad cuya revelación atente contra el honor o la intimidad personal y familiar. Tampoco alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento comoconsecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa.

Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria”.

Este artículo es el que se está utilizando en casos de la Administración tributaria frente a los Colegios profesionales para conocer informes y minutas de abogados; o frente al CGPJ para conocer datos relativos a abogados y procuradores. Por otro lado, las obligaciones de la DAC6 se recogen en la

D.A 23ª.2 LGT , en la que se recoge la obligación de notificar datos en todo caso, con el correspondiente traslado al cliente. Ladisposición dice lo siguiente: “Estarán dispensados de la obligación de información por el deber de secreto profesional alque se refiere el apartado 5 del artículo 8 bis ter de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, los que tuvieran la consideración de intermediarios conforme a dicha Directiva, con independencia de la actividad desarrollada, y hayan asesorado con respecto al diseño, comercialización, organización, puesta a disposición para su ejecución o gestión de la ejecución de un mecanismo transfronterizo de los definidos en la Directiva, con el único objeto de evaluar la adecuación de dicho mecanismo a la normativa aplicable y sin procurar ni facilitar la implantación del mismo. El intermediario obligado por el deber de secreto profesional podrá quedar liberado del mismo mediante autorización comunicada de forma fehaciente por el obligado tributario interesado”.

2.     Remisión a la legislación nacional

El artículo 8 bis ter de la DAC6 es la que se remite a los Estados miembros para que adopten las medidas queconsideren necesarias para “otorgar a los intermediarios el derecho a una dispensa de la obligación de presentar información sobre un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de infromación cuando la obligación de comunicar vulnere la prerrogativa de secreto profesional en virtud del Derecho nacional de dicho Estado miembro”.

Por lo tanto, en virtud de este artículo de la Directiva, se otorga una amplia discrecionalidad a los Estados, si bien exige que la norma tributaria sea la que reconozca esta dispensa del secreto profesional y que el secreto profesional se encuentre reconocido por la norma sectorial. Sin embargo, derivados de esta remisión, encontramos una serie de problemas.

Por un lado, no todos los profesionales pueden ampararse en el secreto profesional, como sería el caso de los asesores fiscales, con lo cual podríamos estar ante un factor de discriminación, en tanto en cuanto en el desarrollo de su profesiónrealizan tareas que pueden ser equivalentes. Por otro lado, el artículo 542.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce este derecho a los abogados, pero no es fácil deslindar las actuaciones del abogado que pueden ampararse en el secretoprofesional.

En otro sentido, la jurisprudencia también se ha pronunciado a este respecto. El Abogado General Rantos, en lasconclusiones del Asunto C-694, lleva a cabo una serie de precisiones. En primer lugar, dice que el secreto profesional tiene una extensión más amplia que la establecida inicialmente pero solamente se reconoce en las actividades que tienen la misiónde actuar como abogados. Además, el sacrificio del secreto profesional se exige donde no es estrictamente necesario.Finalmente, establece que lo relevante de la comunicación es el propio mecanismo y no la identidad del abogado.

4.  Novedades en el secreto profesional de los abogados

En cuanto a las novedades respecto al secreto profesional en nuestro país, podemos destacar 3 hechos diferentes: el Código Deontológico de la Abogacía, que establece los deberes deontológicos de los abogados y se aprobó en 2019; elEstatuto General de la Abogacía Española, de 2021; y, finalmente, el Anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, de este mismo año y el que tiene más importancia de cara a la futura regulación que se establezca del secreto profesional.

5.  Una ley pionera en Europa

El Anteproyecto de Ley Orgánica establece un catálogo de derechos que asisten a toda persona, enumera las garantías y deberes de la asistencia jurídica gratuita y las garantías institucionales para el ejercicio de la abogacía. El derecho de defensa lo define como una serie de facultades y garantías que permiten a todas las personas proteger y hacer valer, con arreglo a un procedimiento establecido, sus derechos, libertades e intereses legítimos, en cualquier tipo de controversia ante los Tribunales y las AAPP, o medio adecuado de solución de controversias regulado en las leyes procesales o sectoriales.

Respecto al derecho a la asistencia jurídica, éste es una visión moderna de la titularidad del derecho a la asistencia jurídica entendida como la que corresponde en exclusiva al profesional de la abogacía.

Finalmente, el artículo 15 del Anteproyecto de Ley Orgánica regula las garantías de confidencialidad de lascomunicaciones y secreto profesional. Salvo excepciones fijadas en la ley, todas las comunicaciones mantenidas entre profesional y cliente son confidenciales, incluso las mantenidas entre los defensores de las partes. Tampoco se admitirán documentos que contravengan la prohibición anteriormente señalada. Sin embargo, cabe plantearnos si la definiciónestablecida del secreto profesional es equilibrada o no.

●      Conclusiones acerca de la DAC 6 y su trasposición al ordenamiento interno

Los abogados son mediadores y tienen la obligación de notificar lo que saben acerca de los mecanismos de planificación fiscal agresiva. La Directiva, consciente de que los abogados tienen el derecho de secreto profesional, pueden dispensar de acuerdo con la legislación interna siempre que actúen dentro de los límites internos de cada Estado miembro.

Como lo que está en juego son disposiciones esenciales de nuestros textos constitucionales, puesto que estamos hablando de derechos fundamentales, debemos estar al tanto de lo que establecen tanto los Tribunales Constitucionales de los Estados miembros, como también lo que dice el propio Tribunal europeo.

La D.A. 23ª establece los casos en que medie el deber de secreto profesional, el abogado dispensará el deber de notificación a la Administración tributaria. La consecuencia de esto es que se articula procedimentalmente un mecanismo a través del cual se establece el deber de notificación fehaciente a los demás intermediarios y a los demás obligados tributarios. Es decir, hay un traslado de la carga como consecuencia de la existencia del deber de secreto profesional.

En el ordenamiento jurídico español, el secreto del abogado tiene un doble fundamento constitucional: el derecho a ladefensa y el derecho a la intimidad privada y familiar. Esto se articula en el artículo 542.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que delimita objetivamente con una frase el contenido de ese deber de secreto profesional.

Por otro lado, no debemos olvidarnos del artículo 93 de la Ley General Tributaria, puesto que estuvo presente en elAnteproyecto y se vinculó al desarrollo español del art. 8 bis ter de la DAC6. Este artículo, en su apartado quinto, delimitanegativamente el secreto profesional, puesto que establece, por un lado, una obligación de carácter objetivo (“datos privadosno patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad cuya revelación atente contra el honor o la intimidadpersonal y familiar”) y carácter subjetivo (“datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento comoconsecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa”). De lo dicho sacamos la conclusión deque estos datos nunca pueden ser objeto de comunicación obligatoria, aunque quien los conozca los haya obtenido fuera del ámbito de profesión del abogado. En este sentido, cabe recordar que los datos no patrimoniales, por definición, no tienen trascendencia tributaria, con lo cual no es necesario comunicarlos a la Administración tributaria.

Si el secreto profesional del abogado está incluso penalmente castigado, la inspección de los tributos no puede pretender que un abogado comunique a la Administración tributaria unos datos que el abogado está obligado a no revelar con aviso de sanción penal. El doble fundamento constitucional nos permite obtener las siguientes conclusiones de TribunalesConstitucionales:

  1. El derecho a la defensa necesita que la relación entre cliente y abogado sea respetada, ya que ésta está fuertementeenraizada con las concepciones éticas del ejercicio de la abogacía.
  • Como parámetro jurisdiccional, el secreto del abogado desde la perspectiva del derecho a la defensa constituye unprincipio general de la UE. De hecho, fue la vía por la que el TJUE, que no tenía en su momento nada que ver con elreconocimiento de las garantías de los ciudadanos, fue introduciendo las garantías de toda sociedad democrática básica
  • Forma parte del proceso a un derecho justo proclamado en la Carta europea. Esto ya estaba en una sentencia del TJUE en un Asunto instado por colegios de abogados relacionada con una Directiva sobre blanqueo de capitales.

Consecuencia de esto, en principio el secreto del abogado alcanza a las informaciones obtenidas por el abogado enrelación con algún procedimiento judicial. Este concepto no debe extenderse a todas las informaciones, sino que también a todas aquellas que al margen del proceso o en el encargo de un proceso formal considere llevar a cabo el abogado por sudesempeño profesional. Es decir, también las actuaciones que se lleven a cabo para obtener la posición jurídica del cliente(asistencia y asesoramiento jurídico), según lo establecido por el abogado general Collares.

Algunas conclusiones relacionadas con lo mencionado son las siguientes:

  • El secreto profesional también protege al ciudadano de intromisiones en su intimidad, de acuerdo con el artículo8 ya mencionado.
  • Todo justiciable puede asegurarse de que la información relacionada con el proceso que se comunica a su abogadono va a ser compartida.

¿Qué incidencia tendría esto en la aplicación del art. 93.5 de la LGT? Dos ideas que enrealidad no son correctas:

  1. Cuando se habla de confidencialidad, se refiere a la relación del abogado con su cliente, no a la confidencialidad entanto derecho a la intimidad en general.
  • Cuando menciona los datos probados no patrimoniales que afecten al derecho a la intimidad, cabe hacer dobleinterpretación: siempre alcanza a los datos patrimoniales, y que la Administración tributaria puede solicitar datos no patrimoniales siempre que no alcancen a su derecho a la intimidad.

Ambas conclusiones son erróneas, en primer lugar, porque los datos no patrimoniales no tienen trascendencia tributaria, con lo cual no deberían ni siquiera estar contemplados en el artículo. La otra idea tampoco es correcta porque la intimidad es infranqueable para todos, independientemente de que sea un abogado, un asesor o un contribuyente.

Finalmente, podemos establecer una serie de conclusiones:

  • La transposición de la DAC6 debe hacerse de acuerdo con el Derecho interno y en relación con los límites del ejercicio de la profesión de impuestos en la legislación interna.
  • Un abogado que actúe al margen de los límites debe quedar obligado a suministrar tal información. Esto ocurre cuando el abogado tiene una participación activa en el diseño o en la implantación de un mecanismo de planificaciónfiscal agresiva.
  • La DAC6 surge como consecuencia de los excesos a finales del siglo pasado y comienzos del actual de las llamadas operaciones fiscales agresivas diseñadas en gabinetes jurídicos.
  • Los asesores fiscales que no son abogados, los auditores y otros tienen un secreto profesional menos intenso, en cuanto su caso no está contemplado en el artículo 24.2 de la Constitución, sino solamente en el artículo 18.1 de laCarta Magna.

25.09.2022

  • Dr. Alfredo García Prats. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia.
  • Dª Stella Raventós Calvo. Abogada y Presidenta de AEDAF
  • Dra. Mercedes Navarro Egea. Catedrática de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Murcia.
  • D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco. Abogado. Magistrado del Tribunal Supremo en excedencia.

–     El secreto profesional y la DAC6.

La DAC6, que es la quinta modificación de la Directiva 2011/16/UE relativa a la asistencia administrativa en materiatributaria, introduce normas que obligan a los denominados “intermediarios fiscales” y, en su defecto, a los obligadostributarios a comunicar a sus respectivas administraciones tributarias determinadas operaciones que pueden serconstitutivas de una planificación fiscal potencialmente agresiva, con la idea de que las autoridades tributarias de losdiferentes Estados miembros intercambien posteriormente la información recibida.

La OCDE la introdujo en su planteamiento BEPS, concretamente en la Acción 12, a través de estándares mínimos de cumplimiento. El plazo para comunicar es bastante corto: 5 días, 1 mes o 3 meses en función de si sean mecanismos adhoc o mecanismos comercializables.

De esta regulación interesa la regulación del secreto profesional como dispensa. La directiva

establece una opción en favor de los EM, que pueden decidir si los obligados a suministrar dicha información pueden quedar dispensadas si vulnera la prerrogativa del secreto profesional en virtud de la legislación nacional en el que exista la obligación de notificación. Además, exige un segundo condicionante para formular la dispensa porque los intermediarios pueden acogerse a la dispensa si cumplen la normativa nacional por la que se definen sus profesiones. Por lo tanto se trata de un derecho pero cuya regulación comporta obligaciones y su no cumplimiento puede generarsanciones.

1.   Cuestiones problemáticas relacionadas con el secreto profesional

  1.  El secreto profesional y los derechos fundamentales: ámbito de protección

Para considerar que la regulación del secreto profesional como dispensa puede tener una vinculación con los derechos fundamentales, se establecen 2 argumentos: el derecho a un proceso equitativo (art. 47 de la Carta de DerechosFundamentales, también contemplado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos), y el derecho al respeto a la vidaprivada (regulado en los arts. 8 y 7, de la Carta y de la Convención, respectivamente).

Por un lado, en relación con la vinculación al derecho a un proceso equitativo, se ha considerado que se puede violareste derecho en la medida en que éste constituye una manifestación del derecho de asistencia en sede judicial. La delimitación de cuándo queda afectado este derecho deriva de la necesidad de delimitar si la actividad del abogado se enmarca dentro de ladefensa o asistencia en juicio. En última instancia, queda la posibilidad de alegar la vulneración del derecho a la vida privada, como vinculación con la protección de intimidad en tanto afecta a la relación de confianza que debe existir entre un abogado y su cliente. Ese deber de confidencialidad puede resultar objeto de protección en cuyo caso hay que realizar una ponderación correcta de los bienes en juego, para establecer si esa vulneración de la confidencialidad resulta proporcionada ono en cada caso concreto.

  • ¿Puede la LGT modular o condicionar dicho ámbito de protección?

El motivo de esta problemática es que algunos organismos intentaron delimitar en qué medida se debía transponer laDirectiva. La regulación final, contenida en la Disposición Adicional 23ª se puede resumir en lo siguiente. Por un lado, seexpandió ese ámbito de protección a todos los intermediarios y no solo a los abogados. Por otro, no se hicieron distinciones respecto a qué esquema debían seguir a la hora de comunicar la información pero restringieron el objeto: sólo podían dispensarlos intermediarios con el único objeto de evaluar dicho mecanismo a la normativa aplicable y sin facilitar el mismo. Es decir,hubo una expansión subjetiva pero una restricción objetiva.

Si la LGT tiene la capacidad suficiente como para regular y afectar a un contenido tan esencial como es el secreto profesional, que afecta a profesionales que efectúan su trabajo a la luz del cumplimiento de las normas de nuestro sistematributario.

Es necesario comprender el alcance de la protección del secreto profesional con estos mecanismos y con la normativa que delimita la anulación del secreto profesional ante conductas que derivan ante posibles incumplimientos de lanormativa de blanqueo de capitales. La jurisprudencia que ha determinado hasta la actualidad el alcance de la protección del secreto profesional como ámbito de protección a la vida privada. Una reciente sentencia del TC belga declara la inconstitucionalidad de algunos preceptos que transponen las obligaciones de comunicación de la información derivadas de la DAC6 y plantea nuevas cuestiones prejudiciales resaltando la importancia de la ponderación de intereses: no puede acatarsela vida privada cuando se trata de prevenir una actuación delictiva, o cuando la normativa tiene el objetivo de alentar o establecer mecanismos de acción temprana en el ámbito tributario cuando hay una incongruencia en la confluencia de los diferentes sistemas tributarios. En el segundo caso puede tratarse de una actuación plenamente legal.

Se decreta la inconstitucionalidad de los preceptos derivados de la DAC6 y considera la ponderación un elemento esencial. No puede atacarse la vida privada de la misma manera cuando se trata de prevenir una actuación delictiva quecuando la normativa tiene el objetivo de poner gmecanismos de acción temprana cuando hay alguna incongruencia en el sistema tributario o en la confluencia de sistemas tributarios.

La consecuencia es bastante clara: cuando no se puede dar dispensa, se puede poner a los abogados en una situación de difícil cumplimiento puesto que la Directiva está formulada en términos tan indeterminados que no han sido objeto de concreción por la normativa nacional (debería haberlos concretado), que atendiendo a la imposición de sanciones puedegenerar problemas con el principio de legalidad penal. De hecho, 3 de las cuestiones prejudiciales no se refieren al derecho al acceso a la jurisdicción sino que se refieren a la vulneración del principio de protección penal. Si los abogados no comunican un mecanismo que la AP entiende que debian ser comunicados, pueden imponersele una sanción administrativa; y sicomunican un mecanismo que no era necesario comunicar, pueden vulnerar el deber de secreto profesional, reconocido en lapropia LOPJ.

  1. La “opcionalidad” de la dispensa: ¿es disponible el contenido del secreto profesional (de los abogados) por losEstados Miembros?

El abogado general ha querido reconducir esta opcionalidad de la dispensa a la luz de los principios que emanan de la Carta, pero en la opinión del profesor Alfredo García Prats no puede acogerse a esta opcionalidad, puesto que el derecho fundamental requiere de un reconocimiento explícito por la legislación a pesar de que no sea reconocido por la propiaDirectiva.

  • ¿La dispensa puede ser objeto de interpretación dispar? ¿Se vulnera la interpretación uniforme del DUE?

El legislador de la DAC6 permite que cada Estado Miembro interprete la dispensa como quiera, sencillamente porqueno hay una regulación uniforme del secreto profesional en las legislaciones de los EM, pero debe haber un mínimo sometido ala protección por el TJUE y TEDH que debiera reconocerse tambien en la Directiva, de ahí que no pocos tribunalesconstitucionales hayan reaccionado planteando cuestiones prejudiciales, porque hay deficiencias técnicas en la redacción de laDAC6.

  • ¿Qué intermediarios pueden ampararse en el secreto profesional? ¿Y el sujeto interesado?

Es obvio que si hablamos de la asistencia judicial, estos intermediarios deben ser los abogados. Una de las manifestaciones del derecho también es la igualdad de armas, y si una de las partes ha de comunicarle a la otra bajo infracción administrativa su estrategia en juicio, esa igualdad de partes se rompe.

El derecho que debe protegerse es la buena protección en juicio. Puede haber una vulneración por el hecho de que el abogado tiene que comunicar los datos del propio abogado y a quién representa a otro abogado, pero no se está incidiendo en la propia protección del derecho a ser defendido conforme a Derecho.

  • ¿Protección multinivel de los derechos fundamentales: diferente nivel de protección?

Francia formuló cuestiones prejudiciales parecidas a la primera cuestión prejudicial belga. El Tribunal Constitucionalbelga no sólo formuló las cuestiones prejudiciales, sino que decretó la suspensión de la aplicación de las normas detrasposición de la directiva, cosa que en España no se ha

visto esa necesidad como medidas cautelares y cautelarísimas.

Por lo tanto, nos encontramos ante diferentes marcos, ámbitos de interpretación e interpretación que suponen undiferente nivel de protección de los derechos fundamentales.

●      Asunto C-694/20

El “Asunto C-694/20” fue presentado por el Tribunal Constitucional de Bélgica en el contexto de una serie de pretensiones formuladas por Orde Van Vlaamse Balies (Consejo de Colegios de Abogados Flamencos) y por la Belgian Association of Tax Lawyers contra la trasposición a la normativa flamenca a raíz de la DAC.

Este asunto tiene por objeto la validez del artículo 8 bis ter, de la Directiva 2011/16/UE, introducido por la Directiva 2018/822/EU. Tan solo disponemos en la actualidad de las conclusiones del Abogado General Athanasios Rantos, de 5 deabril de 2022.

Respecto al ámbito de aplicación y las condiciones del intercambio automático y obligatorio de información sobre mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, el artículo 8 bis ter dice que “cada Estado miembro podrá adoptar las medidas necesarias para otorgar a los intermediarios el derecho a una dispensa de la obligación de presentarinformación sobre un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información cuando la obligación de comunicar vulnere la prerrogativa de secreto profesional en virtud del Derecho nacional de dicho Estado miembro. En estascircunstancias, cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para exigir a los intermediarios que notifiquen sindemora sus obligaciones de comunicación (…) a cualquier otro intermediario, cuando no exista tal intermediario, alcontribuyente interesado.

Del artículo reproducido, podemos concluir que los intermediarios sólo podrán acogerse a la dispensa en la medidaen que actúen dentro de los límites de la correspondiente normativa nacional por la que se definan sus profesiones.

En cuanto a la vulneración alegada por las partes, nos encontramos en primer lugar el artículo 47 de la Carta europea, que establece el derecho a la tutela judicial efectiva, a un juez imparcial y a un proceso equitativo. Por otro lado, también se alega la vulneración del artículo 7, donde se recoge el derecho al respeto de la vida privada, puesto que el abogado intermediario exento de la obligación de comunicar está obligado a compartir, con otro intermediario distinto a su cliente, información que conoce en el marco del ejercicio de actividades esenciales de su profesión, a saber, la defensa orepresentación ante los tribunales del cliente y la prestación de asesoramiento jurídico, incluso fuera de un procedimientojudicial.

El Abogado General dice que la participación del intermediario es la piedra angular del sistema, porque sino se pone en peligro la esencia misma de los objetivos de la Directiva. Pero, la consecución de estos objetivos no debe implicar la vulneración de los derechos fundamentales protegidos por la Carta, ya que cabe recordar que la Carta europea forma parte del acervo comunitario, a diferencia del Convenio.

Por otro lado, es importante señalar que el punto de partida de la discusión es la necesidad de aclarar lascaracterísticas de la obligación de notificación que incumbe a los “abogados intermediarios”, y que podemos resumir en tresideas claves expresadas por parte del Abogado General:

  1. Solo pueden invocar la prerrogativa del secreto profesional los abogados que actúen “dentro de los límites de lacorrespondiente normativa nacional por la que se definan sus profesiones”
  2. Si el abogado se acoge, debe informar a otros intermediarios y, si no los hay, al contribuyente,

puesto que con este no menoscaba el secreto profesional.

  • No se establece la forma de cumplimiento de esta notificación a otros intermediarios, sino que solo se menciona elmecanismo y la obligación.

Los terceros intermediarios informarán a la Administración tributaria no solo acerca de la existencia del mecanismo transfronterizo sino de la participación e identificación del abogado que se acogió al secreto profesional.

En cuanto al alcance de la prerrogativa del secreto profesional del abogado, encontramos jurisprudencia tanto del TJUE como del TEDH. El TJUE establece en su resolución que, si bien el alcance y las modalidades de protección del secreto profesional se siguen rigiendo por la normativa nacional de cada Estado miembro (no armonizado), el principio mismo de esta protección debe considerarse en virtud del artículo 52, apartado 3, de la Carta. El principio está garantizadotambién por los artículos 7 y 47 de la Carta Europea.

Hay que recordar que la confidencialidad sólo opera cuando hay un procedimiento judicial (estamos en la preparación de un mecanismo transfronterizo, pero no se ha llegado a un proceso). En este sentido, también hay que reconocer que el blanqueo de capitales es una actividad ilícita, mientras que la planificación fiscal agresiva no tiene talcarácter, sino que es algo que simplemente debe evitarse, por lo que hay una diferencia clara entre la reacción ante ambasconductas.

Finalmente, la conclusión del Abogado General es que la disposición controvertida no infringe el artículo 47 de la Carta, relativo al derecho a la tutela judicial efectiva, porque las actividades sujetas a las obligaciones de comunicación de información se sitúan por su naturaleza en un contexto que no tiene ninguna relación con un procedimiento judicial y, por lotanto, tales actividades quedan al margen del ámbito de aplicación del derecho a un proceso equitativo. Otro de los motivos que esgrime es que la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente solo sopera en un contexto de unprocedimiento judicial o en su preparación. Y, finalmente, también apunta que el derecho a un procedimiento equitativo implica, por definición, la existencia de un vínculo con un procedimiento judicial.

En cuanto al caso concreto de la resolución, se establece que la falta de vínculo con un procedimiento judicial queda probada porque la obligación de notificación nace teóricamente antes de la ejecución del mecanismo transfronterizo y por lo tanto no ha podido haber un litigio al respecto. Todo ello deriva de que la obligación de comunicación tiene un carácter preventivo y porque esa obligación está vinculada a una actividad legal, no judicial.

Por otro lado, el razonamiento que lleva a cabo el Abogado General para concluir que la disposición controvertida tampoco infringe el artículo 7 de la Carta, que protege la relación entre un abogado y su cliente fuera de un contexto judicial,es el siguiente. Por un lado, el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es el equivalente al artículo 7 de laCarta, protege el asesoramiento jurídico porque garantiza el carácter secreto del mismo y atañe no solo a su contenido sino a su propia existencia.

No obstante, es necesario matizar que en una Sentencia anterior conocida popularmente como “Michaud” sobre la obligación de notificar sospechas de blanqueo de capitales, el TEDH justificó la intromisión en la vida privada diciendo que las actividades del abogado en este caso eran diferentes a las misiones de defensa. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que la protección del secreto profesional no cubre todas las actividades de un abogado, sino solo las relacionadas con esas “misionesde defensa”, destacando la problemática de diferenciar en la práctica qué actividades pueden entrar dentro de este

concepto y cuáles no.

Uno de los casos que no son misión de defensa del abogado y, por lo tanto, que no merecen la protección de laprerrogativa del secreto profesional, son los mecanismos transfronterizos comercializados, puesto que no es necesaria una relación entre abogado y cliente. De hecho, no puede descartarse que un abogado que haga eso opere fuera de los límites de la correspondiente normativa nacional que defina su profesión, estando entonces sujeto a la obligación de comunicación de lainformación. Sin embargo, en el hipotético caso de que el asesoramiento se dé en el marco de la apreciación jurídica de unmecanismo transfronterizo, sí podrían acogerse al secreto profesional.

3. Conclusiones

Una de las conclusiones que sacamos es que sería necesario garantizar, por un lado, que la definición de “secretoprofesional” no sea tan excesivamente amplia que abarque una serie de actividades de un abogado intermediario que rebasancon mucho los límites de las misiones específicas de representación y asesoramiento y, por otro, no restringir la definición deforma desproporcionada.

En cuanto a la compatibilidad de la obligación de notificación con el artículo 7 de la Carta, el contenido de la notificación debe ser la dispensa y la nueva obligación de comunicación, pero no el contenido, el examen jurídico delabogado o las comunicaciones que éste haya podido intercambiar con su cliente. Aunque es cierto que en determinadas situaciones sí puede producirse una injerencia en el derecho al respeto a la vida privada.

Si hablamos de la proporcionalidad de esta obligación, es necesario llevar a cabo una serie de matizaciones. Ellegislador de la Unión Europea consideró que el alcance de la obligación de notificación debía limitarse al mínimo estrictamente necesario, estableciendo garantías relativas a la prerrogativa del secreto profesional. Además, la disposicióncontrovertida permite garantizar la eficacia del sistema de comunicación de información relativo a los mecanismostransfronterizos a las autoridades tributarias. Por lo tanto, en un principio se podría decir que está justificada.

Sin embargo, debemos plantearnos si es necesario que el tercer intermediario o el propio contribuyente informen a las autoridades del nombre del abogado cuando esta notificación no les proporciona ninguna información sustancial adicional en cuanto al mecanismo transfronterizo en cuestión.

En definitiva, la Directiva, como sabemos, tiene el objetivo de proteger el secreto profesional de los abogados y los principios generales recogidos en la Carta. Por ello, la medida de imponer a terceros intermediarios y contribuyentes laobligación de facilitar el nombre del abogado es contrario a dicho derecho. Si bien no cabe descartar que, en virtud del Derechonacional, un Estado miembro pueda realizar esa comprobación, tal posibilidad carece de base jurídica en la propia Directiva.

25.09.2022

  • D. Manuel J. Baeza Díaz-Portales. Magistrado del TSJ de la Comunidad Valenciana. Presidente de la Sala de locontencioso-administrativo.
  • Dra. Ana Isabel González González. Profesora Titular de Derecho Financiero en la Universidad de Oviedo
  • Dra. Aurora Ribes Ribes. Catedrática de Derecho Financiero en la Universidad de Alicante.
  • Dr. Gabriel Casado Ollero. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Complutense de Madrid. Abogado

–     La configuración y efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva

El derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE, no sólo se consagra a nivel interno sino también tiene unreconocimiento internacional en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 6 de la Convención Europa de Derechos Humanos.. La incuestionable relevancia de este precepto en el orbe constitucional es evidente al comprobar que estamos ante la decisión más invocada de la CE y ante el precepto que ha propiciado un mayornúmero de resoluciones del TC, sobre todo en recursos de amparo. No obstante, esta relevancia contrasta con la insatisfactoria protección que a veces se presta a los intereses de los contribuyentes y esto lleva a realizar una reflexión sobre la virtualidad de este derecho en el ámbito tributario y en concreto en el marco de las actuaciones a desarrollar por la administración tributaria ante la detección de indicios de posible delito contra la hacienda pública.

Una breve contextualización de que este Título VI de la LGT, trae causa en la reforma de la LGT a través de Ley34/2015 que tuvo como finalidad acompasar lo dispuesto en la LGT a lo dispuesto al artículo 305.5 CP que, a su vez, había sido reformado por la Ley 7/2012. Invirtió el sistema anteriormente en vigor que pivotaba sobre el artículo 180.1 LGT que ordenaba la paralización de las actuaciones administrativas y el traslado del tanto de culpa al juez penal. A partir de ese momento, se invierte el sistema y no sólo se permite ese paralelismo procedimental, sino que además se atribuye a la administración la posibilidad o la facultad de liquidar en una doble liquidación según que los elementos de la obligacióntributaria estén o no vinculados con el posible delito. Esta reforma según el legislador, en la Exposición de Motivos, aduce undoble fundamento:

  1. Garantizar el cobro efectivo de las obligaciones tributarias impagadas

Superar el tratamiento distinto que se otorgaba a los presuntos autores de un delito frente a los menores infractores tributarios.

1.     La nueva configuración del procedimiento dual: el artículo 250.1 LGT

Situándonos en el marco del artículo 250.1 LGT, este es el precepto que instaura precisamente ese paralelismo procedimentaly contrasta con el principio non bis in idem que tiene virtualidad en el ámbito sancionador tributario. Esto no significa que la administración no deba trasladar el tanto de culpa a la jurisdicción penal o remitir el expediente al MF pero sí significa que se retrasa a un momento posterior que será cuando concluyan las actuaciones, investigación y se proceda a la correspondiente liquidación. Al respecto, el TS se pronunció la Sentencia 1246/2019 de 25 de septiembre, en virtud de la cual se anuló el artículo 197. bis apartado 2º del Reglamento General de Inspección el cual permitía que esa remisión se hiciera prácticamente en cualquier momento, no solo durante la tramitación de las actuaciones inspectoras, sino también incluso cuando se hubiera satisfecho la deuda tributaria o habiéndose abierto un procedimiento sancionador; e incluso habiéndose concluido el mismo. Esto es, esa posibilidad de reemitir en cualquier momento carecía de habilitación legal, era contraria al principio de confianzalegítima y al principio non bis in ídem y el TS fue sensible a esta situación de desamparo en la que podía encontrarse el contribuyente que había sido objeto de un procedimiento inspector con una sanción sin reproche penal alguno y que, habiéndo pagado o recurrido la sanción, se encontraba sorpresivamente ante la apertura de un proceso penal.

Por otra parte, ello no varía la doctrina del TS en relación con la naturaleza que debe otorgarse a esa liquidación queahora se incorpora al proceso penal. Esa liquidación no será sino una prueba más entendible pero en todo caso sometido al debate entre las partes y a la posterior consideración o valoración por parte del juez. Respecto de esa obligación de liquidar, hay 3 excepciones que han sido bastante criticadas por la doctrina. Por ejemplo, el supuesto en el que la administración debeabstenerse de liquidar cuando se pueda perjudicar la investigación de la infracción, es un supuesto con gran indeterminación yconcede amplias facultades a la administración; o el segundo supuesto que es cuando a resultas de esas actuaciones de investigación, no se haya podido determinar con exactitud el importe o el sujeto, entonces esto también resulta sorprendente que a estas alturas del procedimiento se haya podido constatar que hay indicios de delito, sin haber podido constatar estos dosmencionados aspectos.

En cualquier caso, esa decisión administrativa de no liquidar deberá motivarse, no se da audiencia al obligado y se datraslado al órgano judicial suspendiéndose el procedimiento administrativo hasta que no se dicte sentencia, se dictesobreseimiento o se archiven actuaciones. En el caso en el que sea procedente la simultaneidad de procedimientos (pues también el 250.1 LGT plantea una diferencia de matiz con lo dispuesto con lo relativo al CP), se señala literalmente que «procederá dictar liquidación de los elementos de la obligación tributaria», esto parece tener un tono imperativo, mientrasque el 305.5 CP simplemente lo plantea como una potestad o facultad administrativa que

«podrá dictarse liquidación».

2.     Procedimiento dual; liquidación dual pero distinta tramitación.

Encontramos aquí un segundo paralelismo. Lo importante es que respecto de esas dos liquidaciones se contempla una distinta tramitación y también se las somete a un régimen de recursos distinto. Como es obvio, habrá supuestos en los que no sea posible distinguir entre los elementos vinculados a delitos y los que no lo están. En otras ocasiones, todo se considerará afectado por el dolo y por tanto, no será viable esa doble liquidación. Llama la atención también que se pueda predicar una distinta naturaleza de dos partes de una misma deuda tributaria, y someterlas a la liquidación administrativa respecto a los elementos no vinculados al delito por el procedimiento ordinario en la emisión del acta de inspección y la liquidación en relación con los elementos vinculados al delito, que pueda considerarse de un carácter o naturaleza diferente ypodamos someterla a un régimen peculiar.

En la liquidación vinculada al delito. En primer término se emitirá una propuesta de liquidación que ha de ser motivada y notificada al contribuyente al que se le concederá un trámite de audiencia de 15 días y no se formalizará acta de inspección.Hay también un párrafo desconcertante, puesto que dice que una vez examinadas las alegaciones el órgano competente dictaráliquidación administrativa cuando considere que la regulación procedente pone de manifiesto la existencia de un posible delito contra la hacienda pública. A estas alturas, este control administrativo sobre la consistencia de los indicios de delitosdebería haberse realizado ya, siendo bastante denostado por algunos autores. Finalizará una vez dictada la liquidación vinculada al delito, es decir las actuaciones de comprobación, y se notificará al obligado tributario si se admitiera esa denuncia o querella dándose traslado al juez penal, supondría la retroacción de actuaciones justo al momento anterior en la que se dictó la propuesta de liquidación formalizando en este caso acta de inspección.

3.  La vulneración de derechos del contribuyente

La primera lesión que se produce en este marco, deriva de ese diferente tratamiento que se otorga a esas dosliquidaciones. Concretamente, a la liquidación administrativa relativa a los elementos vinculados al delito. El legislador parece apuntar un doble fundamento o doble razón para ese tratamiento diverso: por un lado, razona que esa liquidación relativa a loselementos vinculados al delito tiene una naturaleza recaudatoria; y por otro lado, no es menos cierto que queda supeditada a lo que dictamine el juez en la sentencia penal. El resultado de todo ello es que esta liquidación administrativa no es susceptible de impugnación en vía administrativa y lo que es más grave, por existir una posible conculcación del derecho de defensa,tampoco es recurrible ante la jurisdicción contencioso administrativa: la regla de la irrecurribilidad, introducida por la Disposición Final Tercera de la Ley 34/2015 modificativa de la LGT, encuentra su fundamento en el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que señala que no corresponden al orden contencioso-administrativo todas las cuestiones expresamente atribuidas a los ordene jurisdiccionales civil, penal y social aunque estén relacionadas con laactividad de la administración pública.

Este aspecto ha concitado una crítica unánime por parte de la doctrina, podríamos diferenciar de posturas doctrinales: una más beligerante que habla de una lesión abierta, flagrante del artículo 34 de la CE e incluso invocan otros preceptos del texto constitucional y ante esto, es verdad que el TC se ha posicionado y en numerosas ocasiones ha venido a definir cual era asu juicio, el contenido necesario del derecho de defensa, señalando que se exigía que se estableciera con carácter previo y enuna norma legal, el órgano judicial competente para conocer del asunto. Partiendo de esa premisa, su postura se alinea máscon un segundo sector doctrinal que apunta no tanto una quiebra abierta, frontal del artículo 24 CE, sino más bien una posiblemerma de las garantías que otorga este precepto y, en concreto, en la vertiente del derecho al juez natural. Si descendemos a la literalidad del precepto constitucional, observaremos que realmente no se habla de derecho al juez natural, se habla de derechoal juez ordinario predeterminado por la ley. Entonces, no existe esa falta de tutela, pero no es menos cierto que se sustrae una competencia que le es propia a la jurisdicción contencioso-administrativa para atribuirla a una jurisdicción que no es lacompetente por razón de la materia.

Desde ese prisma, entiende que sí podríamos estar ante un debilitamiento del derecho de defensa en esa vertiente dederecho al juez ordinario predeterminado por la ley por razón de la materia. Hay dos posibles razones en las cuales considera que puede haberse basado el legislador a la hora de establecer esa inimpugnabilidad de la liquidación administrativa ante la jurisdicción contenciosa. La primera, sería el conseguir esa agilidad y celeridad en el cobro de las deudas tributarias; esterazonamiento no sería suficientemente válido puesto que esta finalidad debe ser secundaria ante la primordial que es el respeto de las garantías jurídicas que deben presidir el ordenamiento jurídico tributario, las garantías de los contribuyentes y, el segundo fundamento, podría ser el temor del legislador a que se produjeran pronunciamientos contradictorios derivados de órganos judiciales distintos. Tampoco le parece que este motivo sea válido puesto que deriva de un mal entendimiento de laprohibición de las dos verdades judiciales.

Cuando se atribuye esa prevalencia o prioridad a orden penal, esa prejudicialidad penal se hace exclusivamente a los efectos de la represión, esto es para que se determine la existencia o no de delito, pero no para llevar a cabo ese control de legalidad del acto administrativo. El control de la legalidad compete a la jurisdicción contencioso-administrativa por ser esta especializada en la materia. Este aspecto no pasó desapercibido al Consejo de Estado que en su Dictamen al Anteproyecto de Ley en el que negó que hubiera una vulneración del derecho de tutela judicial efectiva entendiendo que esta tutela se dispensa en estos casos por el juez penal. Incluso en la hipótesis de que la sentencia no apreciara la esencia de delito; en esos casos se podría recurrir esa liquidación ya no vinculada a dicho delito. Pese a ello, reconoció la conveniencia de arbitrar algún cauceprevio en vía administrativa para poder combatir los vicios procedimentales que se pudieran producir. Su postura sería ir un paso más allá y prever ese cauce no sólo para los vicios de carácter procedimental o formal sino también de caráctersustantivo.

La segunda lesión que podría producirse en este ámbito también dentro del derecho de defensa pero en otra de sus manifestaciones, es la del derecho a no declarar contra sí mismo. Este derecho goza también de un reconocimientointernacional y partiendo de la premisa de que el reconocimiento de unos hechos no se pueden trasladar en los procedimientostributarios previos de inspección a procedimientos sancionadores tributarios posteriores, ese alargamiento de la fase procesal que el sistema actual se produce podría ser potencialmente vulnerador a ese derecho a no autoincriminarse. En relación estacuestión, entendiendo por tanto que en esa fase preprocesal la administración tributaria despliega todas sus facultades de obtención de información, el contribuyente debería colaborar con la AEAT, en pena de incurrir en la infracción del 203 LGT.

Desde esta óptica, podríamos estar ante una quiebra de este derecho. Se han propuesto medidas para resolver esta cuestión y que ese derecho no resulte vaciado de contenido, el CGPJ en su Informe al Anteproyecto de Ley señaló expresamente que cuando los procedimientos administrativos se hallan tan íntimamente conectados con el proceso penal debenreconocerse a los interesados todos los derechos de los que dispone o disfrutan en el proceso penal. También indicó la necesidad de reconocer este derecho nada más se detecten indicios de posible delito. Desde la doctrina igualmente se han aportado diferentes soluciones de mayor o menor intensidad, sugiriendo el que no se puedan utilizar todas pruebas, datos, informaciones obtenidos bajo coacción o amenaza de sanción en un procedimiento posterior y bien, en ausencia de adopción de medidas en este sentido, también este derecho o esta vertiente del derecho de defensa podría haberse lesionado.

Concretamente, supondría la violación de la doctrina consolidada del TEDH que ha mantenido una tesis muy clara, remontándonos al año 93 con el asunto Funke reconociendo al contribyetne a no declararse culpable; entre otros. Ese derechono es sólo predicable a los procedimientos de índole penal sino también a los proceso tributarios que terminan en una sanción y posteriormente, en el 96 en el asunto Saunders; negativa del TC de la STC 26 de abril de 1990 (STC 76/1990), e indirectamente el TEDH propende a extender este derecho a no declarar contra sí mismo a la fase de comprobación tributaria al impedir que esas informaciones o datos obtenidas coercitivamente se pudieran trasladar a un procedimiento sancionador posterior y debería arbitrarse en mediadas del Título VI. Esta doctrina consistente siempre ha sido coherente y consolidó enpronunciamientos posteriores (JB contra Suiza en 2001).

En conclusión, este Título VI de la LGT muy criticado, también presenta luces, no solo sombras, pero si lo contemplamos estrictamente desde la óptica del derecho de defensa, sí que podría plantear serios problemas en relación conestas dos vertientes del derecho a la tutela judicial efectiva.

4.  Cuestiones preeliminares al análisis de la problemática actual

¿De qué competencia constitucional distinta de la del 133 CE echa mano el legislador para imponer un gravámen tributario no tributario; esto es una prestación patrimonial concebida para financiar el gasto público no dedicada a gastos específicos como ha admitido el TC en STC 2019 que desestima el recurso interpuesto por los grupos parlamentarios quesostienen al gobierno y que han sido autores de la proposición de ley?. Aquí no se trata de una prestación justificada en el 31.2 CE o en reducir el gasto público por estar afectado por gastos excesivos, sino que se inyecta en el tesoro público. Entonces, ¿de qué competencia constitucional que no son implícitas ni posibilidad de que el legislador se genere competencias que no están en la constitución, de qué competencia constitucional echa mano el legislador para que sin acudir a la potestad tributaria del 133 CE y sin echar mano de la potestad expropiatoria del 33.3ª CE, alumbrar una prestación patrimonial de carácter limitador y ablatorio de la propiedad?

La doctrina académica no acaba de tomarse en serio. Respecto al diálogo entre tribunales, los tribunales del sistema europeo de protección de los derechos fundamentales no parecen entablar un diálogo entre ellos. Los diálogos entre tribunales no existen y es mejor que no existan pues sería una superposición de monólogos autorreferenciales; el debate debe plantearse entre tribunales y doctrina académica. Una colaboración entre los tribunales y la doctrina como el mejor de losamicus curiae que puede echar mano la jurisprudencia. La realidad aplicativa del tributo, si partimos de la base de que eltributo es una ley que materializa la realizada tributaria que se traduce en la aplicabilidad de las leyes fiscales se desenvuelve en un triple marco:

  1. Textos legales e infralegales que regulan el tributo.
  • Tradición dogmática: corpus de conceptos y categorías jurídicas, acuñadas históricamente por quienes las han precedido de las que somos herederos y obligados a enriquecerlas por la doctrina de los autores y la académica.
  • El de una jurisprudencia con autoridad para concretar el texto legal en el caso concreto haciendo uso de la dogmática.

Deben conjugarse armónicamente, no solo para resolver el caso, sino también para pacificar el conflicto. Es decir,previendo no solamente la consecuencia de la resolución del caso concreto, sino las consecuencias de sus consecuencias, haciendo justicia en el caso concreto y haciendo que la solución de caso sea razonable y justa. En el ejercicio de su potestad jurisdiccional los jueces y magistrados, únicamente los sometidos al imperio de la ley; pero el control judicial de la legalidad de la actuación administrativa y ésta a los fines que la justifique. Esta potestad de decir el derecho al caso concreto sólo puede ejercerse con autoritas cuando sus cimientos se conformen sobre la base argumental de la dogmática que debemosenriquecer y transmitir, no sólo heredar.

5.  Problemática de la incertidumbre terminológica: la clave de la dogmática

Los problemas que plantea no tener claros los términos es que no terminamos de resolver porque no tenemos claros los conceptos que la comunidad jurídica tampoco los tiene, así como los vicios de forma, fondo, tiro único o doble tiro; la incertidumbre aporta falta de seguridad jurídica. La doctrina debe tomarse en serio a sí misma y no solamente resolver los problemas. A través de las intervenciones doctrinales en los debates, se produce este diálogo con los tribunales, pero un diálogo solo enfocado en lo retrospectivo no es constructivo por sí solo; sería interesante también que la doctrina mire más hacia el futuro y se articulen mecanismos que enriquezcan la dogmática tributaria y ésta no se constituya en el vacío. Tampoco puede crearse la jurisprudencia sin tener sustento en conceptos dogmáticos claramente establecidos.

Y aquí es donde entra el papel fundamental de la doctrina. A estas alturas, el concepto de la motivación de los actos es fundamental y debería clarificarse cuanto antes por ser pilar estructural del propio proceso. Verdejo decía que el derechono es sólo lo que los tribunales dicen que es y tampoco el derecho que mana de la constitución, del razonamiento del juez o del intérprete; cuando se trata de precisar el significado de un concepto necesita apoyarse siempre en lo que se sabe de él. Y ahí, la doctrina académica tiene una indeclinable responsabilidad. Es decir que, está muy bien la crítica al pasado viendo lassoluciones que da el legislador pero sabiendo de antemano cuales son los problemas, porque la jurisprudencia ilumina losproblemas de la aplicación del derecho al caso concreto; la doctrina debe clarificar estos problemas en colaboración con la jurisprudencia. y deben establecerse puentes y lazos de unión entre ambas disciplinas.

6.  La efectividad de protección prevalece sobre la protección multinivel.

La perplejidad del jurista versa ante la protección multinivel de los derechos fundamentales de los contribuyentes que acaba transformándose en la desprotección multinivel de los mismos tribunales y órganos jurisdiccionales. ¿Cómo es posible que hablando de derechos fundamentales el fundamento del ordenamiento jurídico y reconociéndose ese carácter estructural del Estado de Derecho, necesite tantos niveles de protección? La respuesta es evidente: por los diferentes marcos normativos yespacios jurídicos donde rigen fuentes diferentes, pero el jurista teniendo en cuenta que lo que vale no son los derechos, sinosus garantías; lo que vale no es la proclamación multinivel de los derechos fundamentales de la Constitución Española, la Carta ni el Convenio, sino la efectividad de la tutela de esos derechos fundamentales. La doctrina no crítica con el suficiente énfasisel nivel de protección del TC a través de amparo que es nulo debido a la baja ratio de admisibilidad del amparo.

Se recurre mucho ante el TC debido a la alta vulneración de derechos fundamentales; se ha producido una mutaciónconstituconal a través de la LOTC del 2007 cuando ese recurso de amparo por violación de los derechos fundamntales al que se refiere el 161.1.b CE se ha trasmtuado en un recurso en el que la violación del derecho fundamental es condición necesaria pero insuficiente. La clave es la especial trascendencia constitucional, si no la tiene, el ordenamiento jurídico no prevé ningún tipo de protección que el TC entiende carece de especial trascendencia constitucional.

En cuanto al nivel de protección que ofrece el TEDH, lo que importa no es tanto la densidad de la violación o sugravedad, del derecho fundamental vulnerado, sino que prima la densidad informativa del caso.

Es decir, si el caso es noticiable, el TEDH tiene una cierta sensibilidad e inclinación a la admisión del recurso, sinomediante carta ordinaria comunica su negativa en dos líneas como acostumbra el TC en sus providencias de inadmisión. ¿Para qué sirve tanta hiperprotección de esa reiteración de tutela de derechos fundamentales cuando a la hora de la verdad, el sistema de garantías no funciona?.

Si observamos algunos de los derechos fundamentales que se tutelan con tanto énfasis, como el ne bis in ídem, se haido “descafeinando” y ya no es la duplicidad del procedimiento por los mismos hechos, sino que ya lo que prohíben y lo que tutela es el exceso punitivo, que es un concepto jurídico baste maleable. Se porduce un “fundido a negro” del ne bis in idem,como así sucede con la jurisprudencia y especialmente, lo relativo a la linea jurisprudencial asentada tras la Lista falcianni¿En qué medida los derechos fundamentales tienen diferente nivel de protección incluso en el seno del mismo tribunal?

Según sea la conducta delictiva, es decir si es delincuencia económica fiscal, como lo que prevalece es el interésrecaudatorio del Estado que según una jurisprudencia que primaba la concienciación del contribuyente respecto al pago deimpuesto y al principio de solidaridad económica y social. Las SSTS 184 y 76/90 son sentencias criticadas por la doctrinapero se han asentado imperativamente como tendenciales. La STC 74/2022 desestima la cuestión de inconstitucionalidadplanteada por el TS por la desproporcionalidad en la aplicación de determinados preceptos sancionadores, invocando la necesidad de luchar contra el fraude fiscal. Si uno examina la CE, prescindiendo de la interpretación del TC, se establecenmecanismos de control de los poderes públicos; ningún precepto constitucional otorga a la administración las potestadesexorbitantes cuando se trata de la Agencia Tributaria. La administración ha hecho del control de los particulares la razón de ser de su existencia, estableciendo una relación con los obligados tributarios, (término controversial porque la oposición queocupa en la relación tributaria es la de obligada, pero también es la administración la que tiene obligación de respetar los deberes de los contribuyentes). Cabe la sustitución por términos más neutrales.

Todo esto, al final trae caos; esa jurisprudencia del TC provoca que ahora no hay ley fiscal que se precie que no haga referencia al fraude fiscal, poniendo la antijuridicidad sobre la necesidad de recaudación, del tributo es un instrumento derecaudación pero también satisface el gasto público.

25.09.2022

–     La coexistencia de los intereses de la administración tributaria y los derechos del contribuyente

Respecto a los derechos y garantías del contribuyente, existe un claro desequilibrio de los intereses de la administración frente a las garantías del contribuyente. Así mismo, este hecho coexiste con la tendencia a primar los interesesde la administración que se justifican en la lucha contra el fraude fiscal, en aras de los intereses generales y de hacer valer eldeber de contribuir del artículo 31 CE; pero que no nos debe llevar a pasar una fina línea en la que no se garantizan los derechos que asisten a los obligados tributarios que son vistos desde la administración como potenciales defraudadores. Enrelación con el tema de la retroacción de los procedimientos, la doctrina del tribunal supremo permite, efectivamente, que se vuelva a efectuar la liquidación (doble tiro) y como límite entre los que se plantean, el de la prescripción es especialmente importante porque está ligado estrechamente a la seguridad jurídica y muchas de las situaciones en las que nos encontramos. El problema que tenemos es que no está muy claro en qué momento nos encontramos o donde los conceptos no están claros y a veces eso lleva a, precisamente, que no haya seguridad jurídica en el sentido de previsibilidad, porque no sabemos y el administrado no tiene forma de saber de antemano de las posibilidades que tiene o cómo se va a defender

1.     La relación de la prescripción con el principio de seguridad jurídica

La prescripción tiene como fundamento la seguridad jurídica y es equilibrio o permite mantener un equilibrio entre seguridad jurídica frente a la justicia material. La prescripción señala que se puede interrumpir por cualquier acción de laAEAT realizada con conocimiento formal del obligado tributario conducente al reconocimiento de todos los derechos,obligaciones, deudas; así se recoge en la LGT. El problema está en cuando o no se puede producir esa prescripción ointerrupción de la misma. La doctrina del TS en principio está centrada en distinguir entre nulidad y anulabilidad, reconociendoque la nulidad absoluta no interrumpe la prescripción y, en cambio, sí se interrumpe cuando sólo fueran motivos deanulabilidad, es decir cuando hablamos de motivos de fondo. La anulabilidad permitiría la interrupción de la prescripción y sevolvería a iniciar el plazo.

Si bien, la doctrina y la jurisprudencia manifiestan que no está clara la distinción entre nulidad total y anulabilidad, y ladoctrina no está de acuerdo en general con esa distinción porque esta no respeta esa seguridad jurídica y es ahí donde se podría justificar una solución diferente; hay votos particulares en muchas sentencias del Supremo que plantean que no existe base legal para esa distinción entre nulidad y anulabilidad en el ámbito del derecho tributario.

La concesión de esa diferencia de tratamiento, también puede llevar a una imprescriptibilidad de soluciones a travésde la vía de repetir liquidaciones que se basen en distintos problemas.La STS de 2 de junio de 2004, supedita la interrupción de la prescripción a la validez del acto administrativo. La STS de 19 de junio de 2004 estableció que la interrupciónúnicamente se da en los supuestos del artículo 153 LGT cuando el órgano es manifiestamente incomptete y los hechos son constitutivos del delito, prescindiendo totalmente del procedimiento legal. La doctrina presenta una posición contraria a ladistinción entre nulidad y anulabilidad; falta de base legal a favor de la validez de los actos en conexión con la seguridad jurídica; la tutela judicial efectiva y el principio de buena administración. La STS 29 de septiembre de 2014 estableció la distinción que lleva a conceder siempre un plazo para liquidar indefinidamente a la administración supone premiar al que hace mal las cosas y deja indefinidamente abiertos los procedimientos tributarios; esto se liga al derecho a la buenaadministración. Por último, la STS de 20 de diciembre de 2016 dictaminó que sólo cabe negar efectos interruptivos de laprescripción

a los actos nulos de pleno derecho, no a los meramente anulables. Actualmente, se mantiene esta línea jurisprudencial a travésde nuevas sentencias emitidas el 2022.

2.  Algunos ejemplos prácticos:

La nulidad de pleno derecho y otros en los que no plantean que es una mera anulabilidad en los casos: STS 11 de abrildel 2022 en relación a la STSJ de Asturias de 23 de abril del 2021. Mientras que el TS considera que una liquidación dirigida al contribuyente en lugar de al sustituto era un vicio material que afectaba a un elemento sustancial de la relación tributaria y caracterizada por ser una nulidad absoluta que no interrumpe el plazo de prescripción, el Tribunal Superior de Justicia deAsturias, en relación a un caso cuyo objeto radicaba en una liquidación dirigida a un sujeto pasivo que no debería tributar sino que tenían que tributar sus herederos en el ISD, se pedía por el mismo motivo la nulidad y la prescripción y el TSJ consideró que no era un vicio del 217 LGT de nulidad de pleno derecho, sino que era simplemente anulable. Para plantear también esas dudas que pueden existir en la distinción entre anulabilidad y nulidad estas recientes sentencias de marzo de 2022 en el que seplantea una anulación del ISD por incompetencia territorial.

La Rioja inició acciones comprobadoras, y posteriormente inició también un procedimiento de ratificación de domicilio que se resuelve efectivamente concediendo esa rectificación con efectos retroactivos desde 1993; pero que se concede ya cuando se había producido la prescripción de la declaración de la renta en 2004. La liquidación se recurre; elTEAC anula la resolución por incompetencia pero dice que no es subsanable y que es anulable; finalmente, va a casación porque aunque entiende que la distinción entre nulidad y anulabilidad a efectos de prescripción ya se ha utilizado muchas veces y ya ha sido previamente valorada por el TS, como hay bastantes votos particulares y doctrinas discrepantes, eranecesario hacer una aclaración.

El TS concluyó, sin embargo, diciendo lo mismo que el TEAC y el TSJ: no era manifiestamente incompetente porque despues hubo una rectificación a posteriori que la doctrina, aunque parece mantener la misma, introduce un matiz que es que la ley no habla de que la prescripción se puede interrumpir de actos váidos sino que habla de acciones, por lo que consideraque solo hay acción cuando esta sea real o ficticia considerando que en los casos de nulidad por pleno derecho estaríamos antreuna acción ficticia y no habría acción como tal.

1.    ¿Cómo interpretan el TC, el TEDH y el TJUE la prescripción y la nulidad de los procedimientos?

Respecto al TC, la prescripción de legalidad ordinaria no la trata salvo cuando afecte en su aplicación a derechos fundamentales. Lo que sí está claro es que está relacionada con la seguridad jurídica en los tres órdenes jurisdiccionales;todos ponen de manifiesto esa relación entre exigencias de seguridad jurídica y la prescripción. La STC del año 2021 de 16 de noviembre, se planteaba la posibilidad de la interrupción de la prescripción a través de las notificaciones de comprobacionestributarias defectuosas por no haberse efectuado en el domicilio del obligado tributario que después sí notifica correctamente la providencia de apremio. El TC entendió que las notificaciones defectuosas por falta de diligencia de la AEAT no pueden interrumpir la prescripción porque esto le daría una posición de superioridad frente al administrado.

En el caso del TEDH, en referencia a la relación prescripción y seguridad jurídica, es verdad que no habla de un plazo específico para resolver y que dependerá de la complejidad del caso; no obstante, sí señala la necesidad de que losplazos de prescripción se apliquen y no se llegue a situaciones de imprescriptibilidad. Ej: Asunto OAO Yukos c. Russie. Los plazos de prescripción son una garantía para el contribuyente porque respetan o previenen violaciones de derechosfundamentales y no se

pueden menoscabar por unas interpretaciones que haga la administración en su aplicación. En la relación entre seguridadjurídica y prescripción, los plazos son una constante.

En el Asunto Semenov, de 16 de marzo de 2021, resultó relevante porque hay desviación de poder a consideracióndel tribunal en el que se planteaba una reversión pasado el plazo de prescripción, planteando este como que no empezaba a contar hasta que no terminaban las actuaciones del fiscal, a pesar de el plazo establecido eran 3 años. El TEDH dice que no se puede privar de efecto a las reglas de prescripción a partir de una ventaja desproporcionada que se les dé a las administraciones en la interpretación de ese elemento de la prescripción que forma parte de la seguridad jurídica y que llevaen la práctica a situaciones de imprescriptibilidad.

Parecido ocurre en el TJUE en el que varias sentencias en las que indica la necesidad de imposición de plazos de prescripción razonables que garanticen la previsibilidad de situaciones y relaciones jurídicas que no pueden estar permanentemente en pendencia. La Sentencia de 27 de enero de 2022 en relación al incumplimiento en relación al modelo 720 de la obligación de declaración de bienes en el extranjero. La mayor parte o el grueso de la sentencia trata de lasexageradas sanciones del Estado español, que se aplicaban cuando se daba la consideración de ganancias patrimoniales sinjustificar que se suscitaban cuando no era declarado el bien en el extranejro en el plazo cuando se descubría esas posesiones. Este plazo era prácticamente imprescriptible, contándose desde el último año no prescrito. Salvo casos concretos que pudierademostrarse, era imprescriptible.

El Estado español fue condenado por estos no aplicar correctamente los plazos de prescripción ante el incumplimientopor la consideración de los bienes no declarados o declarados extemporáneamente como ganancias patrimoniales nojustificadas, sin posibilidad de aplicar la prescripción, con la aplicación añadida de una multa proporcional que se puede acumular a las multas de cuantía fija. El TJUE entendió que la exigencia fundamental de seguridad jurídica se opone a quelas autoridades públicas puedan hacer uso indefinidamente de sus competencias para poner fin a una situación ilegal; siendocontrario a la seguridad jurídica y que no se puede y va mas allá de lo necesario para cujmplir con la lucha contra el fraudefiscal.

En conclusión, no existe una claridad de conceptos por parte de la doctrina y la jurisprudencia. Esto crea una situaciónde incerteza jurídica para el administrado que en relación al derecho a la buena administración, existe una situación desubordinación y vulneración de los derechos del contribuyente. Además, como ha podido comprobarse a lo largo de los numerosos ejemplos prácticos encontrados en diversas sentencias, la Administración parece actuar con desidia que contempla a los contribuyentes como potenciales defraudadores, por lo que este patrón de conducta de la administración tributaria nopuede prevalecer sobre una actuación diligente de la misma que respete los límites de la prescripción

25.09.2022

  • D. Manuel J. Baeza Díaz-Portales. Magistrado del TSJ de la Comunidad Valenciana. Presidente de la Sala de locontencioso-administrativo.
  • Dra. Ana Isabel González González. Profesora Titular de Derecho Financiero en la Universidad de Oviedo
  • Dra. Aurora Ribes Ribes. Catedrática de Derecho Financiero en la Universidad de Alicante.
  • Dr. Gabriel Casado Ollero. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Complutense de Madrid. Abogado

La retroacción de actuaciones en el ámbito tributario.

Pensemos en el escenario de una liquidación tributaria anulada por defecto de forma en la que se acuerda la retroacción de actuaciones y se emite una nueva liquidación tributaria. Aunque hubo alguna arista respecto a su impugnación, puede concluirse que a pesar de que existe una regla general relativa de que el juez que anuló la liquidaciónconserva todo su poder sobre la ejecución, en la práctica,

como esa previa sentencia que anuló la liquidación dejó en prejuzgado el fondo, la impugnación de la nueva liquidación debe hacerse autónomamente, en un nuevo procedimiento. Es decir, no debe ir a un incidente de ejecución.

A su vez, la anulación total por vicios de fondo suscita también un debate que se basa en la falta de certidumbre jurídica. En este sentido, podemos concluir que sigue vigente la doctrina que se sentó en una serie de sentencias del Tribunal Supremo de junio de 2015 y otras posteriore; cuando hay una anulación total por motivos de fondo, la AdministraciónTributaria puede volver a liquidar pero sin tramitar otra vez el procedimiento y sin completar la instrucción pertinente. Esto quiere decir que las nuevas liquidaciones que se dicten necesariamente tienen que hacerse de manera directa y en ejecución de sentencia. La Administración no puede salir del procedimiento y traer algo que no tenía en el procedimiento anterior, esto se traduce en que la mayoría de las ocasiones no se podrá liquidar nuevamente porque si el prototipo más habitual de anulación por motivos de fondo es por falta de requisitos o presupuestos, si está acreditado y no puede salirse para acreditarlo, no se vaa poder hacer. En esta vertiente, también encontramos la doctrina del tiro único, el Tribunal Supremo la rechazó pero por lo que se refiere a vicios de fondo, se llega a la misma conclusión práctica aunque sea con una argumentación jurídica distinta.De manera que “el doble tiro” sigue vigente y aunque hay una STS del 2020, ponente Don Jose Antonio Montero, que suscita alguna duda sobre esta doctrina, la anulación total por vicios de fondo comporta el inicio de un nuevo proceso limitándose la ejecución a anular la liquidación.

Cabe añadir que no hay muchos casos en los cuales se pueda volver a liquidar de una anulación total por vicios de forma. Se ha planteado esta cuestión en el Tribunal Económico Administrativo Central (en adelante, TEAC), estableciéndosela posibilidad de acudir a un nuevo procedimiento con el plazo de prescripción de 4 años. En la STS de 2021, ponente Esperanza Córdoba Castroverde (STS 1089/2021), se cuestionó si se puede decretar por el TEAC una retroacción de actuaciones no pedida por la parte, si en el caso concreto si era o no acertada. El supuesto concreto es una resolución del TEACque anula una liquidación tributaria porque no se ha determinado fundadamente la naturaleza de cierto software y esa no determinación es necesaria para calificar determinadas rentas como cánones o beneficios empresariales. El TEAC anula y acuerda retroacción de actuaciones para que se practique un nuevo dictamen parcial que determine de manera fundada la naturaleza; la parte, no obstante la recurre en casación. Aquí se suscita la siguiente cuestión: ¿puede hacerlo si la parte no lo pide?, ¿es correcta?

La respuesta que dió el Tribunal Supremo fue que como la parte no había pedido la retroacción no se puede entender que hay una estimación total de su presunción, en todo caso parcial. Si no hay estimación total y, en consecuencia, no se han estimado todas las expectativas de la parte, esta tiene derecho a cuestionarlo conforme al 106.1 CE, pero eso no significa queno quepa retroacción porque la parte no la haya pedido, sino que al no estimar lo que pidió puede cuestionar la retroacción.

¿Es procedente? El TS dice que no es procedente porque el vicio por el que se había anulado la liquidación era defondo, no de forma. Si se clasificaron mal los rendimiento se trata de forma y para que haya retroacción de actuaciones tiene que haber vicios de forma y no de fondo. En conclusión, el panorama arroja que no existe una claridad en conceptos jurídicos básicos. Esto debe paliarse con una legislación aclaratoria cuya presencia coexista con el importante papel del TS que debería dar un paso más allá, pues podría terminar de perfilar esta serie de problemas. A su vez, la comunidad jurídica debeencontrar un consenso lo más pronto posible en este sentido y establecer una defensa de la línea doctrinal asentada de que nopueden computarse los plazos entre sí conforme a la aplicación del artículo

150.7 LGT, pues solo es aplicable cuando hay una anulación de forma y se acuerda retroacción de actuaciones.

24.09.2022

  • D. Francisco José Navarro Sanchis. Magistrado del Tribunal Supremo.
  • Dr. Ernesto Eseverri Martínez. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Granada.
  • Dra. Carmen Uriol Egido. Profesora Contratada Doctora. Universidad de Valencia.
  • Dr. Enrique de Miguel Canuto. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia.

–     La responsabilidad patrimonial de la Administración

El derecho a ser indemnizado constituye un sub-derecho del de buena administración. La normativa interna española prevé la responsabilidad patrimonial del Estado legislador en las Leyes 39/2015 y 40/2015, como correlato de ese derecho a serindemnizado.

El origen de esa responsabilidad lo encontramos a nivel comunitario en algunas sentencias del TJUE. Sin embargo,enfocando el asunto en el Derecho español, podemos distinguir cronológicamente tres momentos. En primer lugar, la jurisprudencia española a principios del siglo XXI comenzó a pronunciarse sobre este principio, concretamente, en tressentencias acerca del gravamen sobre el juego. En estas sentencias, la empresa recurrente ejerce ante el Tribunal Supremo laacción de responsabilidad patrimonial y el Alto Tribunal concluye que el principio exige que se reparen los perjuicios que estas han sufrido. En la segunda sentencia, la nota diferencia es que los demás no presentaron recurso y después de conocerla sentencia del gravamen complementario del juego, ejercen la acción de responsabilidad. En este caso, el Tribunal Supremo dice que no es aceptable que el contribuyente deba soportar los efectos negativos de las equivocaciones del poder legislativo, por lo que por economía procesal tiene sentido además reconocer esa posible indemnización. La tercera sentencia, conocidacomo el Caso Recreativos S.A., hace una distinción importante desde la practicidad: si hay cosa juzgada, no hay otraalternativa que la acción de responsabilidad; mientras que si no hay, se puede instar a la declaración de nulidad de plenoderecho.

Estas resoluciones, en definitiva, constituyeron el sustrato desde el cual se toman las pautas de referencia con las cuales el Tribunal Supremos elabora la responsabilidad patrimonial. Más tarde, en 2015 se aprobó la regulación queconstituye hoy en día el régimen jurídico del sector público, en el que se prevé expresamente la responsabilidad patrimonialdel legislador.

El último acontecimiento relacionado con este tema es el recurso que presentó la Comisión frente a España, que se resolvió en 2020 declarando contrario al Derecho comunitario la regulación de 2015. En el preámbulo del recurso, el Tribunalconcluye la insuficiencia de la vía económico administrativa para reparar los daños ocasionados por parte del Estado.

Existen dos motivos concurrentes de tal declaración. En primer lugar, había una sentencia previa a nivel comunitario que establecía la contrariedad del Derecho interno frente al comunitario. Además, la condición establecida en la Ley 40/2015 es contraria al Derecho de la Unión Europea ya que no se prevé una solución adecuada en cuanto no se recoge la excepción de que no haya un acto administrativo previo. Podríamos establecer dos consecuencias lógicas derivadas de lo establecido por los Tribunales acerca del derecho a la buena administración.

Por un lado, el plazo de prescripción o preclusión de la acción de reclamación era a priori de un año desde la sentencia. Sin embargo, el Tribunal razona que si no se puede exigir una sentencia previa, la publicación de la misma nopuede ser el único diez a quo para ejercitar la acción.

Por otro, en relación con la acción de responsabilidad por daño indemnizable, ésta se considera prescrita cuando pasan cinco años desde la publicación de la sentencia. Aquí ocurre lo mismo: la prescripción no puede estar subordinada a que exista una sentencia. A su vez, en una sentencia del Tribunal Supremo, éste afirma que cuando el daño se deriva de un acto administrativo, la producción del daño viene referida a tal acto y ha de entenderse interrumpido ese plazo de prescripción de cinco años.

Finalmente, cabe preguntarnos si se podría pedir un lucro cesante por la vulneración del principio de buenaadministración. En este sentido, la responsabilidad patrimonial de la Administración no solamente se hace efectiva en unadeclaración contra la Administración Pública, sino como pretensión accesoria de una solicitud de nulidad. Es decir, en un pleito en el cual entre en juego una actuación de la Administración, cabe que se pueda articular una reclamación de responsabilidad patrimonial de firma accesoria a un proceso cuyo objeto sea la impugnación de un acto administrativo. La reparación de ese daño consistiría en la devolución de lo pagado de más o en la devolución de los intereses de demora, perono puede descartarse que la devolución de lo pagado indebidamente comprenda otros conceptos, siempre que se acrediten en el proceso los requisitos necesarios.