24.09.2022

  • D. Francisco José Navarro Sanchis. Magistrado del Tribunal Supremo.
  • Dr. Ernesto Eseverri Martínez. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Granada.
  • Dra. Carmen Uriol Egido. Profesora Contratada Doctora. Universidad de Valencia.
  • Dr. Enrique de Miguel Canuto. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia.

El deber de buena administración

El deber de buena administración se proclama en el artículo 41 de la Carta de Niza del año 2000 y después seconvierte con el Tratado de Lisboa en una norma vinculante.

El principio de buena administración, que con el término “administración” se refiere a gestión o tarea, o derecho a una buena administración, desde el punto de vista del ciudadano, es un principio general del Derecho. En el Derecho español ya se consagra formalmente en algunas leyes del sector público y en otras leyes se hace referencia a otros principios o expresiones que conectan con este. La importancia progresivamente mayor de este principio en nuestra jurisprudencia se debe al mecanismo procesal de la casación, que es más permeable y hace que pueda haber consagración de doctrina, por lo quees un mecanismo especial de control al poder administrativo.

Además, debido a la existencia de este principio, podemos decir que está vedada la administración negligente y lacorrupción en el ámbito público. El Tribunal Supremo ha dicho que cursa más bien como un “metaprincipio jurídico”, porque es inspirador de otros. Por ello, conlleva los siguientes derechos: derecho a ser oído ante cualquier resolución no favorable, derecho a acceder al expediente completo y certificado, derecho del administrado a reparar el daño, tratar los asuntos deforma imparcial, deber de resolver en un plazo razonable y la obligación de motivar las resoluciones administrativas, entre otros.

Por otro lado, este principio tiene también plasmación constitucional puesto que no es ajeno a él el artículo 106.1 denuestra Carta magna, que propugna el sometimiento de la actuación administrativa a la legalidad, para evitar la desviación depoder.

Donde ha cuajado este principio es en materia tributaria (la mayoría de las sentencias son las relativas a la Sección 2ª de la Sala 3ª). El terreno donde se mueve este principio es en una zona de aparente sombra, porque se da en situaciones donde no se aplican normas claras, en situaciones de discrecionalidad, que es sin duda un concepto jurídico indeterminado, que existe, por ejemplo, cuando hay falta de regulación detallada. Un ejemplo sería cuando se computa el plazo de caducidad pero no se dice qué pasa hasta que se comienza con el proceso.

Los principios son, en primer lugar, fuente del ordenamiento jurídico. Esto significa que la infracción del mismopuede acarrear la nulidad de un acto administrativo. En segundo lugar, se utilizan como elemento interpretativo de normas jurídicas conforme a su naturaleza y esencia. Por ello, podríamos decir que “los principios son el aire que respiran las leyes”.

Este principio conecta con principios como el de buena fe, nadie se puede beneficiar de sus torpezas o incumplimientos normativos, confianza legítima o vinculación a los actos propios. Los principios son en cierto modo inmunes a los cambios normativos. Supraordenado a la relación normativa. Este principio ha tenido cierta aplicación práctica en materia tributaria, como en los dos siguientes casos:

En una sentencia del año 2017, no se tuvieron en cuenta las alegaciones presentadas por correo, que llegaron a tiempo. Pero se hizo una segunda liquidación, fuera del plazo de 12 meses, con lo cual el asunto ya estaba prescrito. En este sentido,no solamente hay un derecho a formular alegaciones, sino de que la Administración Pública tenga en cuenta esas alegaciones para decidir. La sentencia resuelve en aras al principio de objetividad a los intereses generales, pero éste conecta con el principio del que hablamos. Finalmente, podemos concluir que, también relacionado con el ámbito tributario, se deberespetar por parte de la Administración el principio de unidad del procedimiento, con lo cual en un momento posterior no sepuede ampliar el objeto del mismo a otro tributo. El procedimiento es único y la sentencia que reflejó esto dictó que si eseprincipio se aplica, se debe incluir el plazo del procedimiento mismo.

podemos mencionar ciertas ideas establecidas por el Tribunal Supremo relacionadas con el derecho a una buenaadministración.

  • Este principio, si lo ponemos en conexión con las dilaciones, no basta con que se cumpla un plazo de tiempo parainvocarlo, sino que hay que motivar por qué esa dilación del contribuyente ha impedido al órgano proseguir con susactuaciones.
  • También se ha manifestado que el mencionado principio tiene incidencia absoluta en la regularización íntegra enresoluciones tributarias.
  • Por otro lado, podemos poner el ejemplo de la petición de segundo aplazamiento de pago cuando el primero ha sido desestimado. Antes de empezar la vía de apremio, hay que resolver la solicitud de segundo aplazamiento de pago.Relacionado con este tema, el artículo 167 de la Ley General Tributaria dice que el procedimiento ejecutivo se empieza una vez concluido el periodo de pago, salvo cuando exista una petición de aplazamiento de pago. La Ley12/2021 lo corrige y dice que se puede entender iniciado el periodo ejecutivo cuando se pide el segundoaplazamiento, siempre que el primero haya sido denegado. Sin embargo, no dice que la Administración Pública debaempezar el procedimiento de apremio, ya que esto no es lo mismo que que se haya iniciado el periodo ejecutivo.
  • Finalmente, en materia de plazos indeterminados, el Tribunal Supremo ha añadido que el principio de buenaadministración sirve para evitar comportamientos corrosivos por parte de la Administración.

Este principio opera sobre todo sobre la actuación administrativa, porque cuando la Administración está actuando encontra del ciudadano, el interés general consiste en que el Derecho sea aplicado correctamente frente a los mismos. Se trata de un principio que, al no estar previsto en norma positiva, tiene una virtud y un riesgo al mismo tiempo. Podemos considerar que constituye una virtud porque apelando a este principio se logra corregir comportamientos no apropiados de laAdministración Pública. Sin embargo, también entraña un riesgo ya que, si abusamos de él, lo podemos llegar a convertir eninservible, con poca eficacia en su aplicación.

Finalmente, podemos concluir con la idea de que el Tribunal Supremo ha recordado a la Administración Tributariaque su finalidad última no es la de recaudar, sino la de aplicar correctamente el ordenamiento jurídico. En palabras del Alto Tribunal, “parece que el afán recaudatorio se ha convertido en el único de la Administración”, con el consiguiente olvido delas garantías y derechos de los contribuyentes.

Cabe señalar que el derecho a una buena administración es un derecho complejo o compuesto, es decir, integrado poruna serie de derechos reconocidos constitucional y legalmente. El valor hermenéutico de los derechos fundamentales estáreconocido en el art. 10.2 CE, pues éste establece que los tribunales españoles están obligados a respetar estos derechos fundamentales conforme a los tratados sobre la materia suscritos por España.Por otro lado, podemos considerar que este derecho se encuentra implícitamente reconocido en nuestra Constitución realizando una interpretación sistemática de artículos como el 103.1, el 9.3 o el 31.2, puesto que el servicio al interés general, el principio de seguridad jurídica en tanto que principios constitucionalmente establecidos que rigen el actuar de la Administración, constituyen auténticos deberes para la misma, dando lugar la suma de todos ellos al deber de buena administración. Además, la sentencia del Tribunal Supremo 1853/2019 dice que “el principio de la buena administración viene inferido de los artículos 9.3 y 103 de la Constitución”.

Relacionado con la importancia del procedimiento administrativo, el derecho a una buena administración debeimplicar un cambio en la concepción del mismo y, concretamente, de los procedimientos tributarios. Esta idea surge como lógico correlato al altísimo grado de responsabilidad que asumen los obligados tributarios en la aplicación de los tributos. Debería darse la revisión de la distinción entre vicios formales y materiales del acto administrativo. El procedimiento administrativo ha sido tradicionalmente considerado como uno de los elementos formales del acto administrativo, es decir,como diferente a los elementos de fondo. Esta distinción ha comportado consecuencias jurídicas desfavorables para losderechos del contribuyente. En este sentido, numerosas resoluciones administrativas e incluso judiciales califican un defectode motivación como vicio formal para, con base en el artículo 239.3 de la Ley General Tributaria, decidir que la Administración puede volver a actuar, subsanando el defecto, en defensa de un supuesto interés público. Por lo tanto, los vicios “formales” del acto, o la vulneración de algún trámite del procedimiento administrativo, se convierten en defectosmenores y por tanto subsanables.

La realidad es que el deber de buena administración impone la eliminación de los efectos de tal distinción y exige considerar que cualquiera actuación de la Administración debe ser adoptada siguiendo los cauces establecidos legalmente ysometiéndose plenamente a la Ley y al Derecho, además de tener en cuenta que todos sus elementos son esenciales para la existencia del acto y deben adquirir la misma relevancia jurídica, también cuando son vulnerados.

24.09.2022

  • -Dr. Jesús Ramos Prieto. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad Pablo de Olavide.
  • – Dra. Marta Moreno Corte. Profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Complutensede Madrid. Ex asistente jurídica en el TJUE.
  • – Dr. V. Alberto García Moreno. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Valencia.

1.     Principio de proporcionalidad en la potestad sancionadora en el ámbito de los tributos armonizados.

En un ejemplo de un caso, a un hombre le han puesto una sanción por llevar al último trimestre un IVA quecorrespondía a otro trimestre. Le dan la razón en la primera instancia judicial por aplicación de la STJUE de FARKAS de 2017 pero en casación estiman la casación presentada por la Abogacía. La cuestión de interés casacional residía en si la sanción era contraria a Dº interno y dº europeo y no respetaba el principio de proporcionalidad.

–     STJUE FARKAS 2017: trata de cómo los Estados Miembros pueden regular el régimen de sanciones einfracciones en materia tributaria armonizada por la UE.

Última ratio (intervención mínima del recurso a las sanciones), adecuación entre conducta y sanción, criterios de graduación de las sanciones, con el fin último de no derrochar coacción, que no sea la norma arbitraria e injusta.

En Europa: ¿Qué pasa cuando los EEMM regulan sanciones que no están armonizadas por la UE en materias que sí están armonizadas en la UE? Los EEMM han de establecer las sanciones que consideren adecuadas siempre que haya pleno respeto al derecho de la UE y sus ppos generales y sin limitar de manera injustificada las libertades fundamentales. En particular hay que respetar el ppo de proporcionalidad en el ámbito de las sanciones, recogido en la Carta, en su artículo 49.3.

Pautas del TEDH concretando esto: no ir más allá de lo estrictamente necesario, escoger la menos onerosa, graduación en función de la gravedad de las situaciones, garantizando un efecto disuasorio. El principio de proporcionalidad exige que la sanción refleje la gravedad de la conducta y que se tengan en cuenta las circunstancias individuales de cadacaso.

2.  En el ámbito de la fiscalidad:

  • El TEDH proyecta sin matices estas pautas. Si no está armonizada las sanciones por

incumplimiento de la legislación europea, los EEM las puede aplicar.

  •         Aunque se trate de tributos no armonizados (irpf) también hay que tener en cuenta que las sanciones no afectan a laslibertades fundamentales. En la medida que sea un aspecto que no incida en las libertades fundamentales, el parámetro deevaluación para ver si hay continuación o no de la proporcionalidad es nuestro Derecho (con el añadido del TEDH).

En caso de afectación de las libertades fundamentales hay que someterlo al principio del principio de proporcionalidad. Encaso de tributos armonizados, las sanciones tendrán que adecuarse al principio de proporcionalidad como principio general dela UE.

  • En caso del IVA:
  • Los EEMM han de adoptar sanciones adecuadas
  •         Que sea el juez nacional el que acuerde en cada caso si se va más allá de lo necesario para garantizar la correcta recaudación del impuesto y prevención del fraude.

–           Que la valoración del juez venga presidida por la naturaleza y gravedad de la sanción y por el método para ladeterminación de la cuantía de la sanción.

  • SENTENCIA RODOMI: en esta sentencia se apoya el TS para quitar la razón al amigo del ponente y que determina que nohay vulneración del principio de proporcionalidad.
  • SENTENCIA FARKAS: La invoca el STJ Andalucía para dar la razón al amigo del ponente.

A propósito del art. 191.6 LGT (regularización encubierta). Sanción del 50% fijo. El TS dice que adecuación a los ppos constitucionales, invoca autos del tc de 2015, no cabe comparar la sanción con el recargo y en cuanto a la adecuación con el dº de la ue, la stcia a aplicar no era la FARKAS sino la RODOMI. Nuestro Título de infracciones de la LGT no fueconcebido teniendo en cuenta la doctrina del TJUE pero empieza a hacer aguas en algunas conductas y va a hacer aguas.

–     El principio Ne bis in idem.

Vertiente material: no sanción de los mismos hechos, siempre que concurran identidad de sujeto, hecho yfundamento (el mismo bien jurídico).

Vertiente procesal: dos procedimientos por los mismos hechos. Tenemos procedimiento administrativo y luego unopenal. Se impide cuando el procedimiento administrativo es equiparable al proceso penal. El TEDH ha establecido criterioscuándo ocurre esto (que el procedimiento administrativo sancionador tiene carácter penal): se atiende a la calificación de la infracción. Si la calificación es penal no hay que hacer ulterior calificación, pero si de primeras se hace la calificación como administrativa, el TEDH dice que esta calificación no es vinculante (si se califica la infracción como no penal no queda cubierto por las garantías del Convenio). Hay que atender a la verdadera naturaleza de la infracción y la gravedad de la sanción. Desde el momento en que la sanción no solo compensa el daño patrimonial causado por la conducta, sino que tieneefecto represivo y preventivo se considera de carácter penal y hay que atender a cuál es la cuantía máxima de las sanciones quese puede imponer.

El TEDH ha reconocido que las sanciones administrativas-tributarias tienen ese carácter

penal.

La jurisprudencia europea ha ido diluyendo la distinción entre vertiente material y procesal y hoy sí que puede que después de un proced administrativo-tributario sancionador se inicie el proceso penal siempre y cuando se establezcan unaserie de requisitos:

  1.     TEDH: requisito del vínculo material y temporal tal entre ellos que se consideren un todo, un solo procedimiento. No hace falta que los procedimientos sean simultáneos, pueden ser sucesivos, cuanto mayor desfase temporal haya entre un procedimiento y otro será más difícil acreditar ese vínculo temporal. Si ambos procedimientos se dirigen a distintos aspectos, si se puede prever que hay dualidad, siempre que el castigo no sea excesivo y sea proporcional, se considerará que solo hay uno.
  •      TJUE: graduación del todo. Admite la doble sanción administrativa y penal. 1. Debe haber objetivo de interés general, 2. si esa acumulación es necesaria para castigar suficientemente la conducta, si la primera sanción es la sanción no cabedespués la administrativa (porque el reproche penal es el máximo exigible), 3. No hay que castigar excesivamente, hay quegraduar las sanciones. La acumulación de las sanciones tiene que ser proporcional a la gravedad de la conducta.

El 250.1 LGT: La Admón debe abstenerse pero los tribunales han admitido la fórmula del descuento (se admite la duplicidad de la sanción administrativa y la penal cuando se descuente de la segunda la primera).

TS: El traslado del tanto de culpa una vez que se ha puesto una sanción administrativa firme conculca el ppo del nonbis in idem.

La jurisprudencia de Estrasburgo es una regulación de mínimos, no se puede reducir su protección. Hoy en día lo único que se pide es que se respete el principio de proporcionalidad en las sanciones, desapareciendo el “ne” del principio nebis in idem.

–     El principio de proporcionalidad en las infracciones reguladas en el art. 203 LGT.

STC 74/2022, de 14 de junio: la sanción de 600.000 euros con independencia de la cuota regularizada por dejar de ingresar no es proporcionada. El tipo del 203.6.b.1º LGT no contraviene el principio de proporcionalidad que debe respetar laAdministración tributaria.

El principio de proporcionalidad está reconocido en el art. 29 de la ley 40/2015 y alude a que debe observarse en la potestad sancionadora la idoneidad y la necesidad de la sanción (inexistencia de medida menos gravosa) y su adecuación a la gravedad de la infracción, teniendo en cuenta las circunstancias concretas (intensidad, intencionalidad, dolo o culpa).

En cuanto a la incorrecta realización de las obligaciones formales y las sanciones:

El TJUE en su Sentencia de 27 enero 2022, declara el exceso en el que incurre el legislador español respecto de la proporcionalidad en las sanciones, provocando un daño en las libertades del artículo 63 del TFUE. Declara que se vulnera elppo de proporcionalidad porque no se está sancionando una obligación material, sino la falta de declaración de bienes en sí(esto es, una obligación de carácter formal), se impone de manera automática, el tipo sancionador era muy represivo y la cuantía fija provocaba la privación de los bienes (porque el importe de la sanción superaba el valor de los mismos). No serespetó la función instrumental de la sanción.

El criterio de comparación también se tiene en cuenta para valorar si hay vulneración de la proporcionalidad.

Auto TS 25 febrero 2001: Se plantea la vulneración del ppo de proporcionalidad atendiendo a la estructura del tipodel art. 203.6.b.1 LGT. Este tipo tenía en particular (a diferencia de otros con una sanción inferior): se producía en el seno deun procedimiento inspector y realizar actividades económicas por parte del infractor. La reacción del legislador es que no haysecuencia de llamamientos, sino que son los comportamientos típicos (no facilitar, etc). Se castigaba de manera automática sintener en cuenta el desvalor de la conducta (el resultado, el daño producido, el comportamiento obstativo**) con la sanción del 2% de la cifra de negocios. No se establecía una gradación de la sanción. Este Auto establece una comparación para fijar si a conductas equivalentes le correspondía una sanción superior y esa diferenciación estaba justificada, redundando en laprohibición del art. 9.3 CE.

**si se hubiera podido obtener la información de terceros, este comportamiento obstativo no tiene un desvalor típico.

El TC dice que es constitucional este artículo aunque el voto particular está más cercano al sentir mayoritario. El TC no ha tenido en cuenta el importe mínimo (20.000 euros), solo ha tenido el importe máximo.

STS 8 de marzo (posterior al Auto) 203.5 e imputa los mismos defectos que se refieren en el Auto de 25 de febrero pero no eleva cuestión de inconstitucionalidad, hace visión correctiva de la Administración.

24.09.2022

  • Dra. María Esther Sánchez López. Profesora Titular de la Universidad de Castilla La Mancha.
  • Dra. Esther Bueno Gallardo. Profesora Contratada Doctora de la Universidad de Córdoba.
  • Dr. Juan Ignacio Moreno Fernández. Letrado del TC. Profesor Titular de Derecho Financiero de laUniversidad de Alcalá de Henares.
  • D. Marcos Álvarez Suso. Inspector de Hacienda del Estado. Subdirector General de Ordenación Legal en elDepartamento de Inspección de la AEAT.

VISIÓN DE LAS ENTRADAS DOMICILIARIAS CON LA AEAT. ASPECTOS CONTROVERTIDOS.

  1. 1.     Introducción

La intimidad económica tiene un grado menor que otro tipo de intimidad de tipo político, religioso, sexual, etc.Esta intimidad se pondera por el juez. Las entradas en el domicilio no son algo nuevo, lo que sí es nuevo es exigir comunicarle previamente al obligado tributario la entrada en el domicilio. Se exige que la Administración recopile lamáxima información/prueba/indicio relacionada con el fraude fiscal.

La información está en unidades de almacenamiento masivo, no en soporte papel. Es más fácil destruir la información, más rápido y sencillo (incluso en remoto). Hay riesgo mayor de que aquel que ha incumplido sus obligaciones formales tenga acceso rápido a eliminar los archivos si le notifican la entrada. Destaca la Circular 5/2019 de laFiscalía General sobre la capacidad en el ámbito penal de acceso (en las entradas judiciales) a la nube, unidadesinformáticas, teléfonos, ordenadores. La LECRIM ya valora el derecho al entorno virtual.

  • 2.  Competencia para determinar y controlar las peticiones de entrada en un domicilio. Requiere de acuerdo inicial de un inspector jefe (jefe de los inspectores de la región) que determina la adecuación de la entrada, por encima de élestá el Delegado Especial (jefe de la AT de esa región) quien supervisa y autoriza o no. Bajo la supervisión de la Abogacía delEstado pide la autorización de entrada al juez. El acto de entrada y registro se ejecuta una vez empezado el procedimientoinspector, aunque la Ley permite que la solicitud de entrada sea anterior al inicio formal de las actuaciones. Catalogan este actos administrativos como un acto de trámite especialmente cualificado, este acto de entrada dictado por el delegadoespecial. Se realizan entradas en domicilios de personas jurídicas y personas físicas que desarrollan una actividad económica,por tanto, las búsquedas van orientadas a esta actividad económica. El ponente, en defensa de la posición de la Administración,se refiere al artículo 151.3 LGT,

según el cual, dispone que el examen de la contabilidad debe ser examinada en el domicilio, local, despacho u oficina delobligado tributario (en el lugar donde la ley le obliga acceder).

El obligado tributario tiene oportunidad de accionar un procedimiento de protección especial de derechos fundamentales, que llega por lo menos al TSJ y con intervención de la Fiscalía, recurso judicial de apelación contra el auto judicial de entrada, también frente al acuerdo de liquidación se puede impugnar tanto por razones de forma como de fondo.

Respecto de Europa, no se encuentra precedente en derecho comparado alguno que exija que haya que comunicar al obligado tributario que se le está investigando antes de poder acudir al juez para solicitar la entrada y registro.

Datos sobre actuaciones (hasta 2019-por COVID y STS 1/10/2020): las actuaciones presenciales en el domiciliohan de ser excepcionales.

Cuestiones controvertidas:

  •                  La administración está obligada porque lo impone la jurisprudencia a calcular aproximadamente el importe de la cuota defraudada, esto es difícil por la falta de información, hay un descubierto grande ya que es un cálculoapriorístico.
  • La Administración tiene que dar cuenta al juez de todo lo actuado.
  •               Se reprocha que en el ámbito penal intervenga el LAJ y la Fiscalía. En el ámbito contencioso-admvo. no.
  •        Uso de datos estadísticos en la búsqueda de fraude fiscal. Usar datos estadísticos sobre ciertos sectores, comoindicadores de fraude fiscal. No se puede descartar de plano por ser datos estadísticos.
  • El contribuyente tiene derecho a conocer el expediente en el procedimiento judicial.
  •         ¿Existe intimidad fuera del domicilio? Acudir con un portátil ante la Agencia tributaria. Se precinta el ordenador yse solicita autorización judicial para acceder al ordenador.

La Ley 11/2021 positiviza principios previos y establece la solicitud de la entrada antes del inicio formal de las actuaciones.

24.09.2022

  • Dra. María Esther Sánchez López. Profesora Titular de la Universidad de Castilla La Mancha.
  • Dra. Esther Bueno Gallardo. Profesora Contratada Doctora de la Universidad de Córdoba.
  • Dr. Juan Ignacio Moreno Fernández. Letrado del TC. Profesor Titular de Derecho Financiero de laUniversidad de Alcalá de Henares.
  • D. Marcos Álvarez Suso. Inspector de Hacienda del Estado. Subdirector General de Ordenación Legal en elDepartamento de Inspección de la AEAT.

REGISTROS DOMICILIARIOS (ART. 113 LGT)

Se critica el requisito de la “especial trascendencia constitucional”, que está recortando las garantías y restando virtualidad a los derechos fundamentales. En la actualidad, la intimidad económica no está solo físicamente en losdomicilios protegidos, sino que se almacenan en unidades digitales (ordenador, pendrive, teléfono, etc). En estas unidades hay vida privada, además de la económica –legítimamente exigible por la Administración-).

La intimidad protege todos los datos, otra cosa es que en función de la calidad del dato, la injerencia necesitará demás o menos ponderación, esfuerzo de motivación o justificación. El interés público hace efectivo el poder de contribuir, y está también el interés personal, que es la intimidad, consistente en un derecho a proteger y mantener oculto y ajeno alconocimiento de otros.

1.  Previsión legal de la injerencia, habilitación competencial.

Intimidad y privacidad no es lo mismo. La intimidad es un concepto propio de las personas físicas, no de laspersonas jurídicas, así como las personas físicas tienen honor y las personas jurídicas tienen imagen. oyooLa previsión ha de cumplir el principio de taxatividad (en qué supuestos se produce la injerencia). En materia penal, en el seno deinvestigaciones penales, autorizaban la entrada y se afectaban dos derechos: el del domicilio y el de la intimidad. La LO 13/2015 modifica la LECRIM e introduce el artículo 588 quater y sexies, donde en la exposición de motivos se indica que

cuando se encuentra intimidad en estas entradas se necesita autorización judicial. El juez que autoriza la entrada ha de hacer doble ponderación: la entrada del domicilio y la entrada en el derecho a la intimidad. Hay una corriente que empieza a aplicar este artículo de la LECRIM en el seno de procedimientos inspectores.

Aunque el juez de lo contencioso sea el competente para autorizar las entradas no resta que se le pueda aplicar laLECRIM.

La STS 1099/2022, de 26 de julio, recurso de casación 5427/2020, señala que la información obtenida en el registro excede los términos de la autorización, porque la autorización se limitaba al grupo de música y no a los agentes, se trata deun hallazgo casual pero para que se pueda utilizar hay que poner en conocimiento del juez el hallazgo casual, por tanto laprueba es inválida (art. 11 LOPJ). Se absuelve a los agentes. El Supremo indica que se aplica la LECRIM en la misma medida en los procedimientos inspectores que en el proceso penal. El artículo 588 sexies LECRIM se aplica a los registros a partir de las entradas autorizadas en los procedimientos inspectoresSe señala que no hace falta que haya un LAJ en los registros de domicilio efectuados por la Administración ya que han de levantaracta de registro comunicándole al juez el resultado del registro. El juez realiza un control ex ante y ex post.

24.09.2022

  • Dra. María Esther Sánchez López. Profesora Titular de la Universidad de Castilla La Mancha.
  • Dra. Esther Bueno Gallardo. Profesora Contratada Doctora de la Universidad de Córdoba.
  • Dr. Juan Ignacio Moreno Fernández. Letrado del TC. Profesor Titular de Derecho Financiero de laUniversidad de Alcalá de Henares.
  • D. Marcos Álvarez Suso. Inspector de Hacienda del Estado. Subdirector General de Ordenación Legal en elDepartamento de Inspección de la AEAT.

–       PROTECCIÓN A LA INTIMIDAD.

El derecho a la intimidad frente a la Administración tributaria y que están resueltas por el TC y el TEDH pero nointeriorizados por los operadores jurídicos.

En este sentido, se plantean 3 cuestiones: ¿equivale el derecho a la intimidad a un derecho al secreto sobre ciertos ámbitos, datos o informaciones íntimas?, ¿existe algún dato íntimo que no sea susceptible de afectación por el poderpúblico en general y por la administración en particular?,

¿los datos económicos son intimidad tutelados por la CE? ¿Todos, alguno, ninguno? Requisitos que ha de observar lainjerencia sobre la intimidad para ser compatible con el art. 18.1 CE.

1.     Análisis de la primera cuestión:

Hay que hacer una delimitación tanto negativa como positiva del contenido del derecho

constitucional a la intimidad.

El Dº a la intimidad NO es: NO puede equipararse a un dº al secreto, no es una prohibición absoluta deintromisiones en el ámbito de la intimidad o de cesión de datos o informaciones íntimas, el contenido esencial no es una interdicción absoluta de injerencias en ciertos ámbitos, datos o informaciones que pertenecen a las facetas más reservadas de la vida privada del titular del derecho. Se habla del concepto de concepción material absoluta de la intimidad que no es defendible debido a la existencia de otros derechos e intereses constitucionalmente reconocidos que necesitan de la afectación para su plena realización, entre ellos la contribución al sostenimiento de los gastos públicos. Tampoco esdefendible por las reglas de la hermenéutica de la Constitución, ppo unidad de la CE y de concordancia práctica y porque si entendemos la intimidad desde un punto de vista absoluto, esto provoca una provisión en el deber de contribuir que se saldaen la cesión de la intimidad en aras de la tutela del interés público con la consiguiente vulneración de la garantía del contenido esencial del derecho a la intimidad. No existen, con carácter general, datos, ámbitos o informaciones que no seansusceptibles de una afectación por parte del poder público.

Delimitación positiva: es la prohibición de intromisiones ilegítimas en el ámbito de la intimidadconstitucionalmente protegida. Tiene 2 aspectos: uno material y uno jurídico.

Material: la intimidad protegida. Los ámbitos, datos o informaciones que van a resultar tutelados por el 18.1 CE

Aspecto jurídico: facultades o poderes jurídicos que el Dº concede a su titular, que básicamente consiste en lafacultad de impedir que en ausencia del consentimiento se produzcan injerencias ilegítimas. El acento se pone en lalegitimidad de la injerencia.

A su vez, el aspecto material, consta de 2 elementos:

  •             Esfera íntima, opera como un criterio de delimitación positiva: qué ámbitos, datos o informaciones.
  •        También hay criterio de delimitación negativa, que es la reserva o ausencia de publicidad. No es la referida a la del art. 95 bis LGT, sino a actos dispositivos del titular del dº que colocan fuera del ámbito del dº datos que a priori soninscribibles en él, que son las revelaciones a terceros y la publicación de datos íntimos.

Aspecto jurídico: por un lado tenemos qué actuaciones del poder público constituyen una injerencia en la intimidad, son la intromisión y la toma de conocimiento en la intimidad y por otra parte tenemos la puesta en conocimiento de terceros de datos con informaciones íntimas, y ello con ausencia de consentimiento del titular del dº.

Se dice que cuando concurre consentimiento la injerencia es legítima, se entiende que no hay injerencia a los efectosdel 18.1 CE.

Exigencias de la legitimidad establecidas por el TC: necesidad de un fin constitucionalmente legítimo, previsiónlegal de la injerencia, necesidad de autorización judicial, observancia del principio de proporcionalidad (juicio de idoneidad,necesidad, proporcionalidad en sentido estricto). El contenido esencial del dº no consiste en datos intimísimos que no pueda conocer la Admón sino que lo integra toda la intimidad constitucionalmente protegida (intimidad de calidad mínima, media o máxima), lo integra la necesidad de justificación de la injerencia y sobre todo la observancia del ppo deproporcionalidad. La densidad del control de constitucionalidad es directamente proporcional a la intensidad de la injerencia en la intimidad constitucionalmente protegida. La intensidad va a venir condicionada por la calidad de la intimidad afectada, los medios empleados, el tipo de injerencia, etc., de manera que cuando la injerencia tenga una gran cargaintromisiva, el control debe ser material intensivo. En cambio, cuando la injerencia afecte a información puramente financiera, bastaría un mero control de justificabilidad o de mera evidencia, dependiendo de la calidad de la intimidadafectada.

2.  Análisis de la segunda cuestión:

¿Los datos económicos son intimidad? ¿Conforme a qué criterios delimitamos la intimidad protegida?

Los criterios a utilizar son materiales-objetivos (y no formales subjetivos). Existen afirmaciones en lajurisprudencia constitucional que parecen dar a entender que corresponde al titular acotar los ámbitos, datos o informaciones que son íntimos. Estas afirmaciones no pueden sostenerse porque son hechas obiter dicta pero bajo ningún momento ratio decidendi. Hay que optar por un criterio material objetivo y en concreto la intimidad que resulte tutelada debe establecerseconforme

a criterios socio-culturales actualmente imperantes,le compete a los tribunales de justicia y en última instancia al TC.

Partiendo de esa premisa y de cuál sea la intimidad a proteger, se puede decir que la intimidad del art 18.1 CE equivale a vida privada, entendiendo vida privada a aquella que se contrapone a la vida pública.

  • Intimidad de calidad mínima: aquellos datos que guardan mayor relación con el mundo exterior.
    • Intimidad de calidad media: se inscribe buena parte del flujo patrimonial personal del sujeto.
    • Intensidad de calidad máxima: padecimiento de enfermedades, orientación sexual, etc.

¿Los datos económicos son intimidad? En el Tribunal Constitucional se advierten 4 etapas: 1ª, carácter íntimode los datos económicos; 2ª, sí se consideran intimidad; 3º se produce una involución; 4º desde 2005 (STC 33/20005), la situación económica en la que se encuentra un sujeto hay datos íntimos y menos íntimos, los menos íntimos son titularidad de la cuenta corriente, el importe de la cuenta corriente, los más íntimos son todos los relativos a la investigación del gasto.Se comenta otra sentencia del Tribunal Constitucional: La información que accede al Registro de carácter patrimonialtambién registra protegida por el artículo 18. La línea jurisprudencial constitucional está en línea con el TEDH. Los ingresos patrimoniales y el patrimonio neto de un sujeto constituyen propiedad privada, los datos bancarios son protegidospor el art. 8.1 del Convenio. Se indicó además que el flujo patrimonial neto del sujeto (flujo de ingresos, gastos, patrimonioneto) son intimidad del 18.2 CE. No son intimidades de calidad máxima.

Por lo que se refiere a ámbitos y espacios, hay tendencia de calificar como domicilio ámbitos y espacios que no son tales, ej: una caja de seguridad en una entidad bancaria, un pendrive, disco duro portátil. Un domicilio constitucionalmenteprotegido ha de ser un espacio apto o idóneo para el desarrollo de la vida privada, ni aun trasladando mutatis mutandi lajurisprudencia sobre el domicilio de personas jurídicas. Los espacios tutelados son aquellos idóneos para mantener materialíntimo.

Dos tipos:

  •          Aquellos cuyo acceso comporta una afectación del 18.1 CE (cajas de seguridad, maletines maletas)
  •        Aquellos cuyo acceso comporta una afectación del art. 18.1 CE y también del 18.3 CE, con necesidad deautorización judicial para su acceso y registro (espacios de almacenamiento virtual, ordenadores portátiles, teléfonosmóviles).

3.  Análisis sobre la tercera cuestión:

A cuanta más intensidad de la injerencia con más rigidez funcionan las exigencias que dimanan del requisito de la legitimidad de la injerencia. En relación con la previsión legal de la injerencia se precisa del desarrollo de una ley que regule el tipo de injerencias sobre todo cuando quede afectado los apartados 1 y 3 del art. 18 CE. Sobre la necesidad de autorización judicial para este tipo de injerencias: no existe un monopolio judicial, pero en el ámbito del proceso penal senecesita autorización judicial aunque hay ocasiones en que la policía puede actuar directamente, con previsión legal ysiempre guardando el principio de proporcionalidad, aduciendo razones de urgencia

y necesidad o bien tratándose de razones de injerencias leves en la intimidad. En el ámbito tributario no hace falta resoluciónjudicial por las siguientes razones: el Constitucional en su STC 233/2005 lo dijo, se permite esa injerencia siempre que una ley lo prevea. El TEDH lo dice igual, cuando solo se afecta la vida privada y no el resto de garantías del 8.1 Convenio noprecisa de autorización judicial. El tenor literal del art. 117.4 CE (Los tribunales no ejercerán más funciones que las del apartado anterior –juzgar y ejecutar lo juzgado- y las que expresamente atribuya el legislador en garantía de cualquier derecho), de manera que es el legislador el que pondera los intereses en liza y determinar en cada caso y con quécondiciones se puede ver afectada la intimidad. La LO 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, dice que no son intromisiones las actuaciones autorizadas de acuerdo con la leypor autoridad competente.

  • “Por autoridad competente”: la Administración tributaria.
  • “De acuerdo con la Ley”: La LGT sólo habla de autorización judicial para el acceso al domicilioconstitucionalmente protegido. Por analogía se aplica: para precintar y acceder p. ej a las cajas de seguridad hacefalta autorización judicial. Marco normativo: 91.2 LOPJ, art.
    • LJCA, art. 100.3 ley 39/2015, atribuyen de manera formal (no material) competencia al juzgado de locontencioso, el acceso al domicilio y otros lugares dependientes de la voluntad del titular.

El artículo 100.3 es en sede de ejecución forzosa de actos administrativos.

Hay lugares íntimos que sí necesitarían autorización judicial a la luz de este marco normativo, pero se produce un agravio respecto de otras actuaciones de la Admón tributaria como la del 93.3 LGT (obligaciones de información) ¿Por quélos lugares íntimos más allá del domicilio van a quedar más protegidos que el acceso a esos ámbitos de informacionesíntimas?

24.09.2022

  • Dr. Luis Jimena Quesada, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia.
  • D. Carlos Ortega Carballo. Letrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
  • Dr. Cristóbal Borrero Moro. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia
  • D. Joaquín Moreno Grau. Letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
  • Dr. Juan Martín Queralt. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia
  • Tendencias actuales en materia de protección de los derechos del contribuyente.
  1. La inmersión en un panorama en el que se ha sacralizado en demasía el poder judicial y se ha olvidado laley.

Este fenómeno, consecuencia de la colectividad social, de sacralizar las decisiones judiciales y de apartar la figura de la ley, a pesar de que éstas se pronuncien respecto a esta última, tiene una explicación: el deterioro conceptual de los parlamentos actuales y en contraposición a eso, las decisiones judiciales están muy meditadas. Los parlamentos están donde deben y no donde debieran; se produce una orfandad conceptual tremenda, dando lugaral descrédito parlamentario. La carencia parlamentaria ha intentado ser reparada por parte de los tribunales que han aumentado y ampliado sus funciones y sus resoluciones, estando actualmente a la altura de la situación.

  • Vulneración de los derechos fundamentales del derecho al honor y el derecho a la intimidad.

Existe un deterioro del deber de confidencialidad que afecta al artículo 18 CE; especialmente, en lo querefiere a una persona sujeta a un procedimiento inspector y posteriormente (si se da el caso), de fraude fiscal. Estehecho implica que, en la actualidad, en España el deber de protección de los derechos fundamentales por parte delTribunal Supremo y el Tribunal Constitucional está en niveles mínimos desde el año 2015, consecuencia de lareforma de la Ley contencioso-administrativa o Ley 40/2015. En este ámbito fue fundamental la labor de los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, quedando aún más patente la comparación entre ellos y elparlamento.

Si bien la reforma acaecida en el año 2015 dio a luz a una mejorada Ley contencioso- administrativa, se introdujo«el interés casacional objetivo» como clave de acceso al proceso. Este es un concepto jurídico indeterminado que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. No obstante, este término, al tener tal condición, conlleva un riesgo que asume el ciudadanode no acceso a la casación, pues asuntos que realmente podrían acceder son cribados negativamente por la ambigüedad delconcepto.

La situación en el Tribunal Constitucional en lo que respecta a los derechos fundamentales, es más grave porque la inadmisión en el ámbito del recurso de Amparo, provoca una situación de inseguridad jurídica y desconcierto legal, creando el desasosiego y desaliento en el jurista. Resulta especialmente relevante, los hechos acontecidos en el año 2007, cuando se modificó la LOTC y se introdujo el término de la «especial trascendencia constitucional», semejante a lo acontecido en la jurisdicción contencioso-administrativa. Un ejemplo de ello, se encuentra en la STC 45/22 de 23 demarzo. Junqueras y Romeva, acuden en amparo porque entienden que habiéndose planteado una cuestión prejudicial anteel TJUE no se puede proseguir con el procedimiento en curso, de forma que

requerían la paralización del mismo. El TC inadmite el recurso ofreciendo poca o nula motivación.

En conclusión, en el derecho español la protección efectiva del artículo 13 del Convenio del año 1950 brilla por suausencia aunque haga acto de presencia en nuestro ordenamiento jurídico, pues existe una falta de aplicación práctica del mismo. Cabe añadir que ambas reformas señaladas anteriormente introdujeron dos conceptos jurídicos indeterminados que suscitan, en la actualidad, la necesidad de revisar el ordenamiento jurídico interno, siendo de especial trascendencia y premura el recurso de amparo de los artículos 53 y 161 de la Constitución Española. Como posibles solucionescontempladas, puede abogarse por la creación de nuevas salas cuya dedicación y funcionalidad se deba exclusivamente al amparo constitucional, descongestionándose de tal manera la competencia atribuida al Tribunal Constitucional; o se incorporan salas nuevas en la jurisdicción contencioso- administrativa. Ambas, en aras de cumplir el principio de efectividad, tal y como exige el Convenio Europeo de 1950.

24.09.2022

  • Dr. Luis Jimena Quesada, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia.
  • D. Carlos Ortega Carballo. Letrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
  • Dr. Cristóbal Borrero Moro. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia
  • D. Joaquín Moreno Grau. Letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
  • Dr. Juan Martín Queralt. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia

El deber de información del contribuyente y su aplicación práctica

La obligación de informar  en la LGT viene recogida en los artículos 93 y 142. Las consecuencias ante elincumplimiento de la misma consiste en la imposición de una sanción. La

información supone la base para una liquidación tributaria. Determinados procedimientos de sanción pueden solaparse con la liquidación de la infracción y la sanción, superando la cuantía de 120.000 euros, siendo calificable de infracción penal.¿Qué escenarios de solución se contemplan?. En primer lugar, acogerse al derecho de no declarar contra uno mismo y, en segundo lugar, otra la de un veto a la prueba obtenida coactivamente, porque cuando se hace uso de este deber de informarse actúa bajo la presión de que el incujmplimiento lleva consencuas sancionadores importantes.

En este sentido, se pronuncia la STS de 14 de marzo de 2019 que sigue la doctrina del Tribunal Constitucional y,asimismo, al Tribunal de Derechos Humanos: esa información coactivamente obtenida no se puede utilizar en el segundoprocedimiento administrativo sancionador en el que se va a declarar la infracción y por ende, la sanción; como tampocotampoco puede utilizarse en el seno de un proceso penal. A su vez, a pesar de no tratarse de sentencias de índole tributaria,destaca la aplicación de la doctrina del TJUE a través de la extracción de principios desde otras esferas del derecho en dos sentencias. La primera, trata sobre la regulación de la disciplina de la normativa financiera; la estructura resulta semejante a la estructura del derecho español tributario porque en Italia también existe este deber, en caso de vulnerar la obligación deinformar a la Agencia Tributaria, se abre un procedimiento sancionador. El segundo caso, hace referencia al derecho aguardar silencio, y se trataba del ámbito de las rentas públicas de adquisición de acciones. A un administrador se le requierepara un procedimiento administrativo y se dicta resolución administrativa de la cual se deriva la posibilidad de que se abrancontra el administrador (y no la sociedad), un procedimiento sancionador.

1.     Configuración del derecho a guardar silencio

El problema en ambos casos es el ejercicio del derecho a no declarar contra uno mismo. En el primer supuesto, el TJUE sitúa el ejercicio del derecho en el primer momento, es decir, en el momento del requerimiento. En el segundo caso, la consecuencia de no haber podido ejercerse el derecho a guardar silencio durante la fase de requerimiento es que no tiene efecto vinculante en el segundo proceso sancionador; no puede utilizarse, siendo semejante al derecho español. Nospodemos encontrar que podemos conectar estas dos posibilidades de defensa ante un procedimiento que implique autoincriminación. No se prevé en la Carta, pero está implícito en el derecho a un proceso equitativo. En este sentido, sehabla de sanción administrativa de carácter penal, refiriéndose al carácter represivo de la sanción administrativa. Un ejemplode este carácter punitivo de la sanción, lo encontramos en la STJUE 524/2014, la cual calificó una multa del 30% respecto del IVA devengado no tributado, como penal cuando se trataba de una sanción administrativa.

En nuestro país, el artículo 191 LGT castiga con cuantías que superan el 50%, llegando las conductas muy graves a establecer una cuantía del 100 hasta 150%, superándose este límite en España. Respecto a los espacios de apertura con elderecho de la Unión Europea (en adelante, DUE), el artículo 51 de la Carta sólo es invocable cuando el DUE sea aplicado enmaterias armonizadas que tienen un vínculo claro con el DUE . Cuando se trate de materias tributarias no armonizadas, enprincipio no hay vínculo y es entonces cuando podemos encontrarnos con problemas transfronterizos y en relación a los derechos fundamentales de los Tratados que éstos se vean comprometidos.

En conclusión, las sentencias relativas al DUE no dan un apoyo útil para aplicarlas en España porque a la primera de cambio, alguien pueda negarse a dar info a la AEAT. El derecho de información no conecta directamente con el derechosancionador, sino que la fase de liquidación hace de intermediaria. Si utilizaramos la aplicación directa, vaciaremos lasposibilidades de la AEAT de

cumplir con su deber de comprobar e inspeccionar los tributos, corriendo peligro la liquidación. La postura del TS y el TCparece razonable al desplazar la eficacia del derecho de no respeto el derecho a no declarar al momento en el que se tramita el procedimiento sancionador. Al menos en los objetivos hay una reconfortante armonía que no siempre se da en losdiferentes tribunales.

24.09.2022

  • Dr. Luis Jimena Quesada, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia.
  • D. Carlos Ortega Carballo. Letrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
  • Dr. Cristóbal Borrero Moro. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia
  • D. Joaquín Moreno Grau. Letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
  • Dr. Juan Martín Queralt. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia
  • La protección multinivel de los derechos fundamentales y su problemática.

Los derechos fundamentales tienen un carácter estructural en el sistema jurídico español que la constituciónproclama como pilar estructural del ordenamiento jurídico al orden jurídico internacional que propugna también la protección de estos derechos fundamentales. Esto se ha materializado en la integración y materialización de esta protección tanto en la Unión Europea, organización supranacional, como en el marco del Convenio. La protección de los derechosfundamentales en España se lleva a cabo en un sistema europeo caracterizado por su multinivel en la que convergen diversas fuentes que a su vez atribuyen la interpretación y control último de los derechos fundamentales a órganos específicos TEDH, TJUE, TC…etc. Y además esta protección prevalece en unos multiespacios jurídicos. La aplicación del DUE con sus principios de primacía y efecto directo, da lugar en el ordenamiento jurídico español a espacios jurídicos donde seaplica el

DUE y otros ámbitos donde no se aplica el DUE

Lo fundamental es que estos espacios tienen un régimen jurídico completamente distintos. Esto genera una tutela de los derechos fundamentales en España que es compleja, vidriosa y genera múltiples problemas jurídicos. Es decir a lahora de resolver cuál es el contenido de un dd.ff, hay que preguntarnos cuál es la fuente ordenadora la Carta, el Convenio, la Constitución; si es de aplicación los principios de subsidiariedad o primacía y cual es el órgano jurisdiccional que determina la protección; la norma aplicable o qué interpretación respecto a otros catálogos de normas o por referencias ocomparación. Por ejemplo, el criterio mayor estándar de protección.

Nos encontramos por una tutela multinivel, generadora de espacios jurídicos vidriosa frente a ellos el principio deseguridad jurídica, sujeción al ordenamiento jurídico único siendo conscientes del DUE, hablamos del ordenamiento jurídico en sentido material. Por ejemplo, entra en juevo el principio de igualdad en la aplicación de la ley, o en el principio de procedimiento único. Estos contenidos exigen metodológicamente que la protección de los derechos fundamentales enEspaña se realice como sistema. Es decir, que la determinación de las claves jurídicas determinantes en la construcción del contenido de los derechos fundamentales se realice con plenitud, sin lagunas, antinomias; integrado y presidido por elprincipio de mayor efectividad de los derechos fundamentales.

1.   Problemática y aplicación práctica de la protección multinivel

Los problemas que genera la protección de los derechos fundamentales como consecuencia de los multiespacios jurídicos y para visibilizar estos problemas se explica un sucinto caso. Un procedimiento de aplicación de los tributos cuyo objeto es un tributo armonizado como el IVA, por lo que la aplicación del DUE entra en juego en estos supuestos; y un impuesto que puede ser sociedades o IRPF enmarcado fuera del DUE. La cuestión sería con arreglo a qué contenido y quéCarta, Constitución o Convenio se deben amparar los derechos fundamentales amparados en el seno de este procedimientotributario. El IVA exigiria la carta y los otros Constitucional.

¿Este sistema se adapta al principio de seguridad jurídica y al de igualdad en la aplicación de la ley, a la sujeción de un único procedimiento? Esta inquietud aunque sea individualizada, se la planteó el TS en el 2014 en una sentencia que trata un tema respecto al derecho fundamental a la buena administración, se plantea su alcance de aplicación en cuanto éste se trata de un derecho fundamental de la Carta, por lo que entra la aplicación del DUE y el tS defiende su proyección generalcon independencia de lo dispuesto en el artículo 51 de la Carta con arreglo a la siguiente explicación:

Resulta que es difícil establecer un distinto nivel de enjuiciamiento según se aplique o no el DUE por losoperadores jurídicos en el ámbito interno. Los multiespacios jurídicos generan problemas a la hora de aplicar y determinar el contenido de los derechos fundamentales. El TS en el 2020 dirime el respeto al derecho de defensa, específicamente el pleno acceso a la jurisdicción y la plenitud de los medios de impugnación, en el marco de un procedimiento inspector en el que las actuaciones de determinación del valor normal de mercado de operaciones vinculadas, en materia de sociedades. Secuestiona si se vulnera o no el derecho a la defensa del artículo 24 CE. El TS resuelve la cuestión aplicando directamente laSTJUE de 16 de octubre de 2019, relativa al impuesto armonizado del IVA; esto es, aplicando directamente la Carta bajo las premisas de que guarda analogía. Justificando la ósmosis entre los diferentes espacios jurídicos.

Lo más relevante es cuando el TS establece que lo fundamental que es garantizar la integridad del contenido pleno del derecho fundamental. Esto tendencia también es observable en nuestro TC, el cual utilizó una sentencia del TJUE relativa al IVA (la STJUE de 17 de diciembre de 2015) para resolver un recurso de amparo relativo a una cuestión de IRPF, en elque se ponía en tela de juicio la vulneración del artículo 24 CE y a su vez, el derecho fundamental a la protección de los datos personales del artículo 18 CE. La cuestión es que se había utilizado una prueba en el procedimiento penal que, posteriormente, había sido trasladada para ser utilizada en el seno de un procedimiento administrativo sancionador, parapoder presentar a la AEAT la correspondiente liquidación.

La demanda de amparo parte de la premisa de que una prueba utilizada en el seno de un procedimiento penal no debe ni puede trasladarse para su uso al ámbito administrativo sancionador. El TC rechaza esta premisa y aplica el mayor estándar de protección de la Carta en materia de IVA, en un tema del IRPF del derecho nacional, bajo la justificación de quelo importante es que se ejerza por parte del órgano jurisdiccional un control jurisdiccional sobre las pruebas trasladadas alprocedimiento administrativo. Para fijar el estándar de protección afirmando que en dicha sentencia se admite que la AEAT pueda utilizar pruebas en un procedimiento administrativo que hayan sido previamente utilizadas en un procedimientopenal, siempre que el contenido se den 3 situaciones:

  1. Obtención respetuosa con derechos y garantías.
  2. Que su utilización esté prevista en la ley
  3. Que el órgano judicial en el desarrollo del procedimiento administrativo se haya cerciorado de que el contribuyente haya podido tener acceso a las pruebas y se le haya concedido el trámite de audiencia.

3.  La aplicación del DUE por los órganos jurisdiccionales internos

Desde otra perspectiva, el propio TJUE aborda este tema afirma que cuando el derecho nacional hace uso del DUEpara solventar soluciones internas con el objeto de evitar discriminaciones, es decir, que el principio de igualdad puede ser utilizado para paliar esta referida ósmosis entre los espacios multinivel de protección de los derechos fundamentales. O bien para garantizar un procedimiento único. El TJUE entiende que es competente para interpretar lo que es una norma de la Unión Europea aplicada en el ámbito interno en una materia de no aplicación del DUE, justificando dicha premisa en que con el fin de garantizar un tratamiento idéntico entre las situaciones internas y las reguladas por el DUE.

En definitiva, igual que el principio de efectividad hace de ARN mensajero para garantizar la efectividad del DUE y de los derechos fundamentales, el principio de seguridad jurídica, de igualdad en la aplicación de la ley, sujeción a un procedimiento único y un ordenamiento jurídico único y la interpretación de los dd.ff de acuerdo con la idea de mayor efectividad de los mismos, exigirán hacer operativos estos principios para salvar los problemas suscitados en el ámbito interno respecto a la aplicación del DUE. Consecuentemente, se hace realidad la tutela efectiva de los derechosfundamentales en el marco de un sistema con mayúsculas.

24.09.2022

  • Dr. Luis Jimena Quesada, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia.
  • D. Carlos Ortega Carballo. Letrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
  • Dr. Cristóbal Borrero Moro. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia
  • D. Joaquín Moreno Grau. Letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
  • Dr. Juan Martín Queralt. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia
  • La coordinación jurisprudencial del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La posición jurídica multinivel es muy difícil de coordinar. Una posible solución sería la adhesión de la Unión Europea al Convenio de los Derechos Humanos. Actualmente, la tendencia observable tras el ejercicio de comparación entre el Tribunal Constitucional español y el TEDH no es quién protege más sino quién protege el último, siendo un tema todavía latente y plena fase de desarrollo. Por tanto, ¿cómo coordinamos el Tribunal Constitucional con el TEDH,especialmente en el ámbito tributario? y ¿cómo casamos nuestro artículo 24 CE con el artículo 6 del Convenio de losDerechos Humanos?

1.   El papel protagonista de la especial trascendencia constitucional

Ambos tribunales tienen una perspectiva de control que encuentra su diferenciación en el requisito introducido porla reforma de la LOTC de la especial trascendencia constitucional, requisito material y formal a través del cual funciona el Tribunal Constitucional; esto hace que muchos de los supuestos que han podido sufrir una violacion de un derechofundamental como son los recogidos en los artículos 14 o en referencia al ámbito tributario, una vulneración del artículo 31 dela Constitución, no vean su aceptación por el TC por no tener esta “especial trascendencia constitucional”. De tal manera que puede darse en el ámbito interno esa posible violación de derechos fundamentales, sin una reparación por parte delTribunal Constitucional. Aquí podría abrirse otro debate en torno a si la figura jurídica de la «especial trascendencia constitucional» funciona efectivamente en aras de la salvaguarda de los derechos fundamentales.

¿Cómo analiza el Tribunal de Derechos Humanos el requisito el Tribunal Constitucional de la especial trascendencia constitucional? Partimos de que para presentar una demanda de amparo debemos cumplir dos requisitos:

  1. Materialmente, la demanda debe tener especial trascendencia constitucional.
  • Procesalmente debe justificarse este requisito.

2. El análisis del TEDH respecto a la especial trascendencia constitucional.

A la hora de conciliar ambos niveles de protección, el TEDH se enfrentó por primera vez a este requisito en la Sentencia Rivas Antón en el año 2015. El Tribunal sentenció que un requisito como este no infringía el acceso a los tribunales del artículo 6 del Convenio, pero por otra parte, estableció que el hecho de que una demanda tenga este requisito al TEDH no le impide entrar en el fondo del asunto, ni tampoco cuando el recurrente no haya demostrado que lo tenga. Si bien en un primer momento, dirimía a favor del sistema español de protección de derechos fundamentales erigido alrededor de la figura de la especial trascendencia constitucional como requisito avalado por el Convenio, esto quedaba vacío de contenido porque el TEDH se reservaba la posibilidad de que se cumpla o no en el ámbito interno con este requisito, el Tribunal iba a entrar a dirimir sobre el fondo del asunto de todas maneras.

Esto ha cambiado parcialmente en el año 2021 en la Decisión Alvárez Juan contra España en la que este requisito hasido analizado más a fondo. El TEDH sigue manteniendo que la decisión del TC de que una demanda tenga este rquisito no le ata, porque se trata de parámetros distintos, ya que el TEDH entra a valorar si existe o no violación del Convenio. No obstante, asienta un cambio de paradigma puesto que en esta Decisión el TEDH entró a analizar el requisito procesal del TCespañol de justificar la especial trascendencia constitucional, puesto que cuya demanda había sido inadmitida por falta absoluta de justificación. El Tribunal de Estrasburgo sentenció en este sentido que en aquellos casos en el que el solicitante de amparo no hubiera justificado en absoluto la especial trascendencia constitucional, se considerará que la parte no ha agotado correctamente todas las vías nacionales porque por su propia negligencia no ha formalizado bien el amparo y portanto, es un vicio procesal que hace inadmisible la demanda.

Por tanto, se establece como requisito procesal que si es por culpa o negligencia imputable al recurrente, lademanda será inadmitida por Estrasburgo. En otra Decisión, García Morales, también en el año 2021, relativa a la inadmisión de la demanda por el TEDH por no justificación y además no ser ésta suficiente, el TEDH dio por buena la decisión del TC y justificó en un fundamento que siempre quedará a su juicio la interpretación de si la justificación procesal es suficiente, deforma que se reserva esta potestad. Esta es la dirección de la jurisprudencia actual.

3.     Las excepciones jurisprudenciales y las particularidades del ámbito tributario

Si bien este requisito está bajo lupa en casos concretos, supuestos en el que el TEDH, (más casuístico y que suele fijarse más en los hechos y en la justicia material que nuestro TC), flexibiliza los requisitos formales, y en su propia jurisprudencia, aplicando con rigor la falta de agotamiento cuando no hay suficiente justificación de la especialtrascendencia, dependiendo del caso, flexibiliza o no los recursos formales. Consecuentemente, la certeza de cuáles van a serlas funciones del TEDH a medio plazo en supuestos en los que este requisito de especial trascendencia constitucional impida obtener una resolución de fondo, se encuentra aún en fase de desarrollo.

No obstante, estadísticamente, este requisito no hace que se inadmitan más recursos de amparo ante el TC, pues siempre ha habido una ratio de inadmisión aproximada de un 90 por cien; no cabe olvidar que las ratios de inadmisión del TEDH también son altas y rondan el mismo porcentaje. Siendo en ambos tribunales muy elevadas lass ratios deinadmisión.

A su vez, el artículo o derecho que más controversia es el contemplado en el artículo 24 CE, relativo a la tutelajudicial efectiva, por ser usado éste como un cajón de sastre; en el ámbito europeo se trata del artículo 6 del Convenio. La tutela judicial efectiva es el primer derecho al que se suelen acoger las fundamentaciones de las demandas, es amparable ypodemos acudir al TC pudiendo alegar el 24.1 o 24.2 CE. Debido a la gran producción literaria en este campo, hoy en día es muy difícil encajar estas pretensiones en alguno de los supuestos que ya contempló la STC 155/2009, la cual explicaba que es la especial trascendencia constitucional. En esta misma dirección, pero bajo un enfoque tributario, difícilmente superaríael requisito para acceder al TC por una carencia del mismo. Paralelamente, si en este ámbito acudimos al TEDH, si alegamos el artículo 6.1 del Convenio, la jurisprudencia es limitativa y considera que el artículo 6.1 (que contempla el derecho a no sufrir dilaciones y a un juicio justo) no es aplicable al derecho tributario, porque este artículo está pensadopara obligaciones civiles entre las partes y el derecho tributario es la máxima expresión del poder público frente el particular. Por estos motivos, los artículos 24 CE y el 6 del Convenio, tienen un déficit de protección porque noalcanzarían, en general, una protección integral.

En este sentido, contrasta el pronunciamiento del TEDH a la luz de su jurisprudencia que proclama el dinamismo del Convenio que «se adapta a los tiempos». El derecho a un juez imparcial o no sufrir dilaciones deberán, a través desuscitarse un nuevo debate, aplicarlos al ámbito tributario, abriendo la puerta a estos supuestos. No parece lógico que si se imputa un tributo en la vía contencioso-administrativo, si se producen dilaciones indebidas o el juez resulta imparcial, elcontribuyente no pueda ir al Tribunal de Estrasburgo alegando el artículo 6.1 del Convenio. No obstante, sólo cabe alegar el artículo 6.1 del Convenio cuando el tributo tiene carácter sancionador penal, es decir, si estamos ante un supuesto de derecho tributario puro no sería apelable, pero si estamos en materia de sanción sí puede alegarse. Estas circunstancias fueron contempladas por la Sentencia del TEDH nº 14/2021, la cual estableció la consideración sancionadora de un recargo, declarando la incongruencia omisiva que sufrió el recurrente por parte de la Audiencia Nacional; el TC inadmitió la demanda por falta de especial trascendencia constitucional, tras haber dado la razón a dos de los tres demandantes laAudiencia Nacional y al otro no.

En conclusión el TEDH tiene mayor facilidad de resolución, puesto que sólo tiene una norma aplicable, en contraposición al TC. Por eso la solución pasa por la adhesión al Convenio, siendo la única forma de coordinación porquesi no, la garantía de los derechos fundamentales del contribuyente recaería eternamente en el diálogo de tribunales y esto puede llevar a la situación perjudicial para el ciudadano de ver quien tiene la última palabra.

  • Dr. Luis Jimena Quesada, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia.
  • D. Carlos Ortega Carballo. Letrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
  • Dr. Cristóbal Borrero Moro. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia
  • D. Joaquín Moreno Grau. Letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
  • Dr. Juan Martín Queralt. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia

24.09.2022

Problemática a la articulación entre los diversos niveles de garantía. La protección multinivel asentada en elTribunal Constitucional español; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de DerechosHumanos.

Hay diversos niveles de protección de derechos fundamentales que inciden en el ámbito tributario y que justifica la intervención desde el derecho constitucional y si esto es así, qué hacer ante las divergencias que se plantean entre los criterios de interpretación del TJUE y el TEDH (las dos verdades europeas) y cómo afronta esta situación el operador jurídico interno español, incluído el Tribunal Constitucional. Por tanto, estas divergencias deben articularse a través de las sinergias, en aras del principio favor libertatis pro personae.

–       Postura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, dondemás se ha incidido desde la perspectiva tributaria, ha sido a través de lo que en España se conoce como derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española, en relación al principio de seguridad jurídica. Sin embargo, no es el único tema en este aspecto que en la actualidad ha suscitado un debate; también la protección de datos delcontribuyente o la inviolabilidad del domicilio en las inspecciones tributarias.

–       Postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Por lo que respecta al Tribunal Europeo de DD.HH ha habido distintas vías de conexión a través de las cuales se hanprotegido los derechos fundamentales en relación con el terreno tributario;

el equivalente al artículo 24 de la Constitución, es el derecho a un proceso objetivo justo del artículo 6 de la Carta; elartículo 7 que es el principio de legalidad penal; el artículo 9 de manera indirecta, la libertad religiosa, también ha entradoen juego en algunos procedimientos en materia de recaudación tributaria, poniéndose en tela de juicio su colisión con el derecho a la igualdad, por no aplicarse la obligación de tributación a determinadas órdenes religiosas y a otras sí.

También el derecho a un recurso efectivo como prolongación de la tutela judicial efectiva (artículo 13 del Convenio); el derecho a la igualdad (artículo 14 del Convenio) y también el artículo 1 del Protocolo nº 1, siendo el derecho a la propiedad intrínseco al patrimonio tributario de una persona

–       Dirección jurisprudencial común y especialidades

Tras este planteamiento se definen dos aspectos o líneas jurisprudenciales básicas en la garantía de los derechos delcontribuyente:

  1. El derecho a un proceso equitativo dentro de un plazo razonable, se aplica a los procedimientos judiciales y también a los procedimientos administrativos. En lo referente al procedimiento tributario, hay que tener encuenta la actitud de las partes; esto es, la Administración Tributaria y la parte sancionada; así como contemplar la complejidad del asunto.
  • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mutatis mutandi estableció que cuando hay una no culpabilidad por falta de pruebas, ésta se equipara a la presunción de inocencia. Siendo más garantistas en este sentido.

En lo que refiere al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, destacan dos líneas de pronunciamiento: en base al artículo 41 (el derecho a la buena administración) y el artículo 47 (el derecho a una buena justicia). El propio Tribunal de Justicia señala que no se puede utilizar la no caducidad o la no prescripción para interrumpir indefinidamente un procedimiento, porque esto va en contra de la tutela judicial efectiva. En este sentido, fue paradigma de estas circunstancias en nuestro país la «Doctrina del Tiro Único». Además, a parte del principio de seguridad jurídica, también el principio de proporcionalidad es trascendental, siendo destacable la reciente sentencia relativa al modelo 720 y laobligación tributaria de los contribuyentes de declarar los bienes situados en el extranjero, cuyas sanciones fueron declaradas como contrarias al derecho de la Unión Europea por ser desproporcionadas.

–       Divergencias: Caso Satamedia

Llegados a este punto se suscita una cuestión: ¿Qué ocurre cuando se incide en materia de derechos fundamentales por ambos tribunales europeos? Esto ocurrió en el Asunto Satamedia. Una empresa finlandesa se dedicaba a la recolecciónde datos tributarios de contribuyentes y los publicaba en un períodico. Las personas afectadas empezaron un procedimiento ante la autoridad competente finlandesa de protección de datos, la cual se pronunció estableciendo que no se trataba de un asunto amparado por la libertad de información. No obstante, el asunto también se presentó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual dijo en su sentencia del año 2008 que prevalecía el derecho a la libertad de expresión, puesto que imperaba la ley de circulación y lo que se conoce como «la excepción periodística». En contraposición, en 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció en sentido contrario, abogando por el derecho a la protección dedatos personales.

–       Posibles soluciones

En conclusión, ante situaciones de divergencia judicial, debe primar el principio favor libertatis. En el ámbito tributario, no hay problema porque estamos ante relaciones verticales (Administración Tributaria vs. particular). Sin embargo, el problema surge cuando se trata de relaciones horizontales entre particulares. La solución se encuentra en los propios Tratados y en el diálogo judicial entre ambos tribunales europeos. Así pues, deben aplicarse los artículos 53 delConvenio Europeo de Derechos Humanos (el estándar mínimo) o el artículo 53 de la Carta de los Derechos Fundamentalesde la Unión Europea.

En el caso de que los tribunales constitucionales de los países miembros les planten cara a los tribunales europeos, (lo que se conoce como «los contralímites»), se suscita un diálogo entre el interés de preservación tributaria de un país, pero a su vez entran en juego derechos fundamentales constitucionales que al mismo tiempo, pertenecen al acervo comunitario de la carta de derechos fundamentales. Por lo que es crucial en este sentido, la voluntad jurisdiccional positiva para poner las garantías y los derechos en práctica.